TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– Líderes y voceros del Movimiento Obrero Campesino Regional Independiente, adheridos a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Emiliano Zapata (MOCRI-CNPA-EZ), se deslindaron del homicidio de cuatro ciudadanos de San Cristóbal de las Casas y señalaron que ellos no tienen ninguna invasión en predio alguno propiedad de la familia Sarmiento Mandujano.

En conferencia de prensa, los líderes Juan Méndez, Efraín Jiménez, Roberto Jiménez, el abogado Leonel Rivero y otros miembros de la cúpula que dirige la MOCRI CNPA EZ, mejor conocido como la MOCRI-Zapata, salieron al paso para rechazar las acusaciones que públicamente se han dado en medios de comunicación, medios digitales y redes sociales, quienes los vinculan a ellos al cuádruple crimen.

Según ellos, la MOCRI-Zapata no es un grupo criminal, sino que es una organización social campesina que ha sido perseguida por el Estado por exigir que se respeten los derechos humanos a la vivienda, a la salud, a la educación y la tierra.

Indicaron que ellos han visto cómo en los diversos medios se les pretende sindicar del crimen cometido contra el abogado Francisco Sarmiento Mandujano y sus acompañantes, quienes aparecieron asesinados y calcinados en el interior de un vehículo blanco compacto el pasado viernes 18 de junio.

Indicaron que si bien existían 40 hectáreas del predio de la familia Mandujano que les interesaba, ellos pedían un pago de más de 6 millones de pesos, monto que no podían cubrir las familias interesadas, además de que el predio estaba en un litigio intrafamiliar. Por ello, la transacción no fue factible.

Indicaron que el crimen se perpetró a 30 kilómetros del predio más cercano que ellos, como organización, mantienen o mantenían en posesión, pues recientemente las fuerzas policiacas del gobierno estatal desalojaron ya a muchas familias, que ahora viven un desplazamiento forzado.

Los líderes de la MOCRI-Zapata señalaron que el múltiple crimen se cometió en una zona que ha sido un corredor de grupos delictivos que pretenden burlar retenes policiacos y zonas patrulladas por las fuerzas estatales y federales.

Sugirieron al gobierno investigar bien quienés fueron los responsables, capturarlos y hacer que paguen ese delito, pero que no deje que se siga filtrando que ellos fueron, prejuzgándolo como presuntos responsables.

El abogado Leonel Rivero expuso que es claro que lo que ocurrió en la zona ha ocurrido y sigue pasando en otros estados del país y en otras regiones del estado, donde registran este tipo  de crímenes, y que no precisamente tienen que ver con la lucha por la tierra, sino con la lucha por el control de un territorio.

Dio a entender que situaciones así se pueden estar registrando en Venustiano Carranza o en los Altos de Chiapas, como el conflicto entre Chenalhó y Aldama, donde no es precisamente la lucha por la tierra, sino de grupos armados que se disputan el control de un territorio, pero para otros fines no lícitos.