OAXACA, Oax. (apro).- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa ordenó a José Octavio Tinajero Zenil, su consejero jurídico, investigar a la jueza Erika Rodríguez, quien interpuso un amparo después de que el mandatario estatal impuso a dos incondicionales como magistrados en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Luego de que el Congreso local citó a sesión extraordinaria al vencerse el plazo constitucional para nombrar a los magistrados, dio esta facultad al gobernador, quien el pasado 4 de mayo nombró a dos subordinados: Abraham Isaac Soriano Reyes y Moisés Molina Reyes.

El 18 del mismo mes, el primero pasó a formar parte de la Sala de Justicia para Adolescentes y el segundo se integró a la Sala Constitucional.

En respuesta, se interpusieron cuatro amparos contra esas imposiciones, y el pasado 21 de mayo el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el estado de Oaxaca concedió la suspensión provisional a la jueza Erika María Rodríguez y ordenó suspender las funciones de los magistrados designados por el gobernador.

A raíz de esa resolución, el gobierno del estado ordenó investigar a la jueza con el propósito de intimidarla.

“Ejercitar sus derechos es considerado un delito por parte del Ejecutivo en Oaxaca”, denunciaron organizaciones feministas que exigen paridad en el TSJ, conformado por 28 magistraturas: 21 hombres y sólo siete mujeres.

Erika Rodríguez, subrayaron, es intimidada por el Poder Ejecutivo a través de una persecución penal, sólo por exigir tres puntos: que se respete a las mujeres, la división de poderes y la autonomía de la Judicatura.

Explicaron que, ante la violación de los principios de paridad de género e independencia judicial en la designación de dos magistrados varones, por parte del gobernador del estado de Oaxaca, la jueza Erika Rodríguez promovió el amparo 591/2021 ante el Juzgado XI de Distrito en el estado de Oaxaca, aún por resolverse.
Sin embargo, el gobernador, a través de su consejero jurídico, solicitó se iniciara investigación en contra de Rodríguez por delitos contra la Ley de Amparo, debido a que no mencionó que participó en una convocatoria anterior, en la que se llamó solo a mujeres, aludiendo, el Poder Ejecutivo, que en esa ocasión se le causó un perjuicio.

Ante la omisión o complicidad del Congreso local, que dejó correr el periodo legal, “el gobernador se convirtió en el gran elector y nombró a sus incondicionales varones”, apuntaron las organizaciones.

“Como se puede observar, sólo propone a mujeres para cargos o puestos impugnados que no tienen certidumbre, y a los varones para cargos ciertos, perpetuando así el patrón sistemático de violencia contra las mujeres”, recalcaron las organizaciones.