Veracruz

Fiscalía de Veracruz incrimina a empresario por doble ejecución en su restaurante

Aunque se encontraba atado de pies y manos mientras sicarios se enfrentaban, el dueño de un restaurante es acusado por la Fiscalía de Veracruz de asesinar a un hombre y a una mujer.
martes, 8 de junio de 2021

XALAPA, Ver. (apro).- Gerardo Ramírez Páez se encontraba en el interior de su restaurante-bar “La Covacha” en Orizaba, Veracruz, el lunes 31 de mayo, para hacer la limpieza semanal, el día que cierra su negocio por mantenimiento. Alrededor de las 4 de la tarde, un grupo de sicarios con armas largas arribó al lugar, ordenó a Ramírez Páez que les abriera y, una vez adentro, lo amarraron de pies y manos y lo dejaron en la parte trasera de la barra del restaurante.

Minutos después, Gerardo Ramírez oyó que ingresaba más gente armada. “Hubo una discusión entre ellos y escaló a gritos, a lo que siguieron fuertes detonaciones, lo que le hizo perder el conocimiento a mi hermano por la impresión y quedó desmayado en el lugar”, narró Agustín Ramírez, hermano del empresario.

En el interior de “La Covacha” quedaron los cuerpos inertes de un hombre y una mujer. La policía estatal entró al restaurante una hora después, luego de que el propio Gerardo Ramírez, aún amarrado, les pasó las llaves por una rendija. La Fiscalía Regional de Orizaba procedió a la detención del empresario restaurantero, con el argumento de que sus huellas se encontraron en un pedazo de madera utilizado en la agresión. El hecho no se difundió en los medios de comunicación.

“Mi hermano se encontraba tranquilo porque estando amarrado, en la barra, jamás tocó arma de fuego, ni participó en los hechos. Sin embargo, la Fiscalía General del estado (FGE) asegura que la prueba de rodizonato de sodio salió positiva y la carpeta de investigación 793/221 está plagada de irregularidades e inconsistencias”, señaló Agustín.

De los sicarios que ingresaron a “La Covacha” no hay un solo detenido. Gerardo Ramírez tuvo audiencia este martes y la juez asignada al caso pidió tres meses más de investigación complementaria, por lo que el empresario gastronómico permanecerá recluido en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, donde sólo ha podido ser visitado por su madre.

En una carta abierta al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, la familia le recrimina el desaseo de la FGE y su dinámica criminal de detener inocentes, en aras de presumir resultados ante la opinión pública.

“¡Ya basta señor gobernador! Dejen de violar los procedimientos procesales para forzar cuadrar una falsa línea de hechos, pisoteando los derechos de los ciudadanos por el simple motivo de ‘mostrar resultados en su lucha contra la delincuencia’; es como querer tapar un bache rellenándolo con agua. ¿Será posible que por ser tiempos electorales, traten de levantar la imagen de la fiscalía ‘resolviendo crímenes’ de cualquier forma, pero que no sea atrapando realmente a los responsables de los hechos?”, dice la carta (en poder de Proceso) firmada por la madre de Gerardo, Gloría Páez Gutiérrez, y su hermano Agustín Ramírez.

Entre otras inconsistencias de la Fiscalía, la familia Ramírez expuso que no existió una orden de cateo del restaurante y, aun así, la Policía Ministerial lo realizó, no encontrando una sola de las armas con que dos personas fueron privadas de la vida, y no hay explicación alguna para justificar por qué Gerardo salió positivo en la prueba de rodizonato de sodio.

Más aún, el día en que fue arrestado lo llevaron en un vehículo particular, y tardaron 48 horas en notificar a la familia que el dueño de “La Covacha” de estaba detenido en la Fiscalía de Orizaba.

“Lo hicieron rendir una declaración con dudoso fin, además que en ningún momento se le leyeron sus derechos constitucionales, sino hasta el momento de la audiencia, 48 horas después, y le fueron leídos por el juez. Nunca le permitieron hacer una llamada, fue incomunicado totalmente desde que salió del local”, añade la carta.

En Veracruz, desde la gestión de Verónica Hernández Giadáns, Proceso.com.mx ha documentado media docena de casos en donde jóvenes y mujeres inocentes han sido detenidos e imputados por diversos delitos relacionados con la delincuencia organizada, y semanas o meses después han tenido que ser puestos en libertad por falta de pruebas.

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