Campeche

TEEC ratifica medida cautelar dictada a Fernández Montufar por violencia política de género

Será primero el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) el que resuelva en definitiva y, de darse el caso, posteriormente la Sala Superior del TEPJF, una vez agotado el procedimiento, resolverá sobre la responsabilidad del excandidato de MC.
jueves, 1 de julio de 2021 · 23:27

CAMPECHE, Camp. (apro).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) ratificó la medida cautelar que el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) dictó a Eliseo Fernández Montufar, excandidato de Movimiento Ciudadano, por actos de violencia política de género en contra de la morenista Layda Sansores San Román, gobernadora electa. 

En mayo pasado, en un video que publicó en su cuenta de Facebook, Fernández Montufar demeritó las capacidades de su oponente para gobernar el estado, por el simple hecho de ser mujer.  
    
Al resolver ayer el recurso de inconformidad que presentó el propio Fernández Montufar contra la medida cautelar que se le impuso, el TEEC, por unanimidad, dio la razón al IEEC y ratificó la prohibición de volver a cometer conductas generadoras de violencia por razones de género en perjuicio de la agraviada por el hecho de ser mujer.  
    
Dichos agravios fueron denunciados en su momento por la entonces candidata a gobernadora ante el IEEC, instancia en la que además se sustancia un procedimiento especial sancionador para determinar la situación jurídica de Eliseo Fernández por estos hechos. 
    
Será primero el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) el que resuelva en definitiva y, de darse el caso, posteriormente la Sala Superior del TEPJF, una vez agotado el procedimiento, resolverá sobre la responsabilidad del excandidato de MC por actos considerados como violencia política por razones de género. 
    
Fernández Montufar podría ser inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género hasta por cinco años, situación que lo inhabilitaría para competir por un cargo de elección popular en los próximos comicios. 

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