GUANAJUATO, Gto., (apro).- El portal informativo digital Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (Poplab.mx) denunció que integrantes de su equipo fueron víctimas de espionaje mediante intromisiones en sus comunicaciones privadas, mismas que presumen podrían haberse originado desde un área de la Fiscalía General del estado.

Cuando se acudió a presentar una denuncia para que se investigaran estos hechos ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), funcionarios de la misma optaron por declararse incompetentes y turnaron la misma a la propia Fiscalía estatal.

Dos fuentes externas hicieron llegar a periodistas del portal informativo datos y capturas en las que se señala a posibles responsables de la intromisión en mensajes privados, uno de ellos apuntó al director de la Agencia de Investigación Criminal de la FGE, Antonio Torres Ramírez.

El medio refirió que entre 2019 y 2020, el editor de Poplab, el periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas, sufrió en dos momentos intervenciones en su mensajería de Telegram y en su línea telefónica.

En ese lapso, Cuéllar y el medio realizaban trabajos de investigación periodística sobre el desempeño de la Fiscalía General del estado y su titular, Carlos Zamarripa Aguirre.

En la primera, “una cuenta anónima en Twitter con aparente acceso a información al interior de la FGE, proporcionó a una reportera de POPLab copias de capturas de pantalla de diversos chats de Arnoldo Cuéllar con fuentes e integrantes de la redacción de ese medio, advirtiendo que la intervención estaba ordenada por el director de la Agencia de Investigación Criminal de la FGE, José Antonio Torres Ramírez”.

Mientras que en la segunda ocasión, la línea telefónica del mismo periodista sufrió una interrupción y al solicitar información de la empresa que brinda el servicio, se le notificó que la tarjeta SIM de su número había sido clonada desde la ciudad de Monterrey “mediante la denuncia de robo de ese mismo número y la presunta presentación de una copia del INE del periodista”, sin que éste hubiera efectuado movimiento alguno con su línea o número.

“El alcance de esa clonación pudo ser conocido gracias a otra víctima de intervención ilegal desde el mismo número IMEI, quien dispone herramientas técnicas para analizar la actividad y que se puso en contacto con el periodista Arnoldo Cuéllar en septiembre de 2020”.

El afectado, un directivo de la empresa SYM Servicios Integrales, S.A. de C.V., presentó una denuncia ante la Unidad de Documentación y Análisis de la oficina de la Fiscalía general de la República.

FGR declina investigar

Por todo lo anterior, se presentó el 2 de julio pasado una denuncia ante la delegación de la FGR en Guanajuato por parte del periodista de Poplab, ante la presunción de que hubiera sido víctima del delito de intervención en comunicaciones sin mandato de la autoridad, previsto en el artículo 177 del Código Penal Federal, donde se sanciona la actividad ilícita con seis a 12 años de prisión.

La denuncia fue recibida por el agente de turno de la delegación Guanajuato de la FGR, José Alberto Peralta Correa, quien se comprometió vía telefónica a informar en 24 horas sobre el destino del asunto, pero esto no ocurrió.

Fue hasta 48 horas después cuando mediante una llamada telefónica del representante legal del periodista Cuéllar Ornelas, la oficial ministerial Rosa Martha Ortega le dijo que la denuncia había sido turnada a la Fiscalía del Estado, en las agencias de la ciudad de Guanajuato, por “no ser competencia federal”, sin que diera más detalles.

“Hasta este día, lunes 12 de julio, la FGR no ha notificado sus razones para declinar la competencia, mientras que la FGE tampoco ha notificado de forma oficial la recepción de la denuncia, advirtiéndose una flagrante violación al derecho humano de acceso a la justicia”, además de que la intromisión repercute en el libre ejercicio del periodismo, como un intento de inhibir investigaciones independientes sobre la grave crisis de inseguridad y homicidios que presenta Guanajuato.

Poplab recordó que la Fiscalía general del estado ha mostrado su falta de voluntad para investigar otros presuntos delitos contra periodistas en el ejercicio de su labor.

Por ello, anunció que recurrirá a otras vías para demandar la investigación de los hechos denunciados, como ante un juez de control para tutelar los derechos del denunciante y ante la Fiscalía de asuntos internos de la FGR.