PUEBLA, Pue., 21 de julio (apro).- La Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) anunció que presentará denuncias penales por el incumplimiento del mandato judicial que, asegura, obligaba a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) del gobierno de Puebla a entregar el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), su administración y cuentas bancarias al patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa.

En un comunicado, la FMJS acusa que la actuación del gobierno de Puebla va encaminada a “apropiarse de un bien privado”, por lo que constituye “una expropiación de facto” de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). 

Asegura que la suspensión de amparo otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede en Puebla el 16 de julio a esa institución tiene “efectos amplios” y demuestra supuestas violaciones a derechos humanos cometidas a raíz de la intervención del campus de la UDLAP en la que participó la Policía Estatal armada el pasado 29 de junio.

La Fundación Jenkins acusa a la JCIAP, que preside José Daniel Vázquez Millán, de ser responsable de atropellos, como imponer un patronato “espurio” que, a su vez, nombró de “manera ilegítima” a Armando Ríos Piter como presunto nuevo rector de la UDLAP, sin tomar en cuenta mandamientos judiciales y estatutos que rigen la Universidad.

La “desobediencia reiterada” a las suspensiones de amparo, agrega, representan conductas ilícitas y distintos delitos federales como allanamiento, usurpación de funciones y falsedad en informes previos ante la autoridad judicial.

El comunicado hace referencia a las órdenes de aprehensión que, asegura, fueron “patrocinadas” desde el gobierno de Puebla.

“Igualmente la fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, patrocinadas desde el Gobierno del Estado de Puebla, demuestran un clima de persecución que tiene la finalidad de inhibir los efectos de suspensión para recuperar el campus de la universidad y evitar, a través de amenazas, la presencia física de autoridades universitarias en sus instalaciones.

“Lo que representa un conjunto de irregularidades para apropiarse de un patrimonio privado, por lo que además constituye un despojo con tientes de expropiación de facto que amenaza la certidumbre de los poblanos”, agrega.

La FMSJ insiste en que existe una campaña “dolosa” en su contra, la cual asegura es usada por el gobierno de Puebla para “normalizar una serie de atropellos inadmisibles en un Estado de Derecho”.