GUADALAJARA, Jal. (apro).- A punta de pistola, elementos de la Fiscalía del estado desalojaron esta madrugada a vecinos de Huentitán y estudiantes de la Universidad de Guadalajara, quienes hace poco más de cuatro meses tomaron de forma pacífica el Parque Huentitán, para evitar que en ese sitio se construya el desarrollo inmobiliario Iconia. 

Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y vecino de la zona, quien se encontraba en el sitio al momento del desalojo, narró que a las 3 de la mañana estaba dormido en la casa de campaña que instaló en el parque rebautizado como Resistencia Huentitán, y al abrir los ojos vio a un hombre apuntándole con “un arma de fuego al cuerpo”.

Al preguntarle al sujeto quién era, éste le respondió: “no somos el narco, porque si no ya no estarías hablando”.

Javier Armenta dijo que el mismo modus operandi de intimidación usaron con el resto de los manifestantes, y a la mayoría les quitaron sus celulares. 

“No es ningún delito lo que hemos hecho aquí, hemos rehabilitado este espacio en nombre de la vida”, sostuvo, y advirtió que seguirán luchando para recuperar el parque.

La estudiante Lilia Betsabé Martínez coincidió con Armenta al señalar que hombres sin identificarse les apuntaron con armas cortas y largas, “simplemente gritando que saliéramos del lugar con nuestras pertenencias”.

Alrededor de las 5 de la mañana, los agresores se identificaron con los manifestantes como personal de la Fiscalía, les tomaron sus datos personales y los interrogaron.

Arturo Mendoza, quien encabeza la organización civil Únete Huentitán, apuntó que el predio pertenece al pueblo, “no estamos cayendo en ninguna ilegalidad, la ilegalidad la está realizando el gobierno corrupto (…) que con la mafia inmobiliaria está despojando” a los ciudadanos.

Omar Preciado, abogado de la FEU, mostró un oficio de la Fiscalía del estado con fecha de 2020, donde se autorizaba el uso de la fuerza pública en caso de que hubiese oposición de los manifestantes a salirse del predio. Y otra anomalía, dijo, es que no fueron llamados a la audiencia de tutela de derechos. 

Los agredidos adelantaron que presentarán un amparo e interpondrán una denuncia por detenciones ilegales, ante la Fiscalía Anticorrupción.

En un comunicado, el gobierno del estado justificó que el acto fue en cumplimiento de un mandamiento del juez Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito.

Destacó que el predio que pertenecía al ayuntamiento de Guadalajara fue integrado a un fideicomiso, desde donde se cedieron los derechos en favor de una empresa. Según la autoridad, no detuvo a ninguna persona, ni hubo “sobresaltos en el sitio”.