OAXACA, Oax. (apro).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca llamó a no politizar el regreso a clases, porque eso provocaría que se perdiera de vista el elemento principal que debe garantizarse en esta situación: los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Consideró que el regreso a clases debe ser consensuado con toda la comunidad escolar, es decir, con la participación de las propias autoridades educativas, padres y madres de familia, alumnado y magisterio; de esta forma, además de garantizar la participación de todos los sectores, se legitima la decisión tomada, apuntó.

Ante el llamado de las autoridades federales a la reapertura de centros educativos con el inicio del ciclo escolar 2021-2022, la Defensoría se pronunció por armonizar los derechos a la salud y a la educación para el regreso a clases presenciales de las niñas, niños y adolescentes (NNA), bajo criterios técnicos y con base científica.

El organismo autónomo consideró importante la reanudación de clases presenciales, con la implementación de acciones y condiciones que permitan minimizar el riesgo a la salud de estudiantes y profesores, bajo una lógica de respeto irrestricto al interés superior de la niñez y adolescencia.

Y es que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, todos los países deben encontrar un equilibrio entre la ?protección de la salud, la prevención de los trastornos sociales y ?económicos, y el respeto de los derechos humanos frente a la pandemia por covid-19.

Por tanto, la Defensoría destacó que, si bien existe una disposición general para regresar a clases próximamente, ese retorno debe ser voluntario y valorado de manera específica por cada escuela, municipio y entidad federativa, además de que debe estar basado en las condiciones de salud pública que presente cada estado y acompañado de los protocolos sanitarios y de movilidad correspondientes.

Mencionó que la educación a distancia implementada en el ciclo escolar pasado, a raíz del cierre de escuelas, requirió de la disponibilidad de tecnologías digitales, que muchas comunidades de la entidad no cuentan, lo que acentuó la desigualdad de oportunidades, tanto en el ámbito urbano y, más aún, en las zonas rurales, en su mayoría habitadas históricamente por pueblos indígenas.

A estas carencias tecnológicas se sumó la complejidad de realización de trabajos escolares cuando existía más de un o una estudiante en casa, así como el reto de la disponibilidad de tiempo de las personas adultas para asistirlos en estas actividades, sobre todo aquellas madres y padres que tuvieron la posibilidad de trabajar de manera remota.

Resaltó que, según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la irrupción de la pandemia por covid-19, alrededor de 123 países en el mundo determinaron el cierre de los centros educativos como una de las medidas de contención del contagio, trasladando el proceso de aprendizaje a formatos en línea y a distancia.

Añadió que la propia OEA resalta que, a nivel global, cerca de mil 50 millones de estudiantes de todas las edades y niveles han sido afectados por el cierre de escuelas, incluyendo 258 millones de NNA a quienes se ha limitado o modificado sus oportunidades educativas durante el confinamiento.

En el caso de México, indicó, el sitio de análisis de datos “Statista Research Department” calcula que un total de 33.2 millones de niños y adolescentes fueron afectados por el cierre de escuelas en México a raíz de la pandemia por covid-19: más de 28 millones de esos estudiantes estaban inscritos en escuelas de nivel primaria y secundaria, mientras que alrededor de cinco millones eran alumnos de preescolar.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), abundó, considera que la experiencia a nivel internacional demuestra que un cierre prolongado de escuelas puede afectar negativamente a toda una generación en el corto, mediano y largo plazo, provocando pérdida de conocimientos y habilidades que, en el caso de México, se suma a una crisis de aprendizajes ya existente antes de la pandemia.

Según la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación, efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor de 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes de entre tres y 18 años no se reinscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionados con la pandemia.