CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el próximo arribo de Alfonso Durazo como gobernador de Sonora, el representante adjunto de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jesús Palacios, recordó la responsabilidad del Estado en sus tres niveles de gobierno: garantizar la reparación del daño y del medio ambiente a las víctimas del derrame de desechos tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, ocurrido en 2014.

En el séptimo aniversario de la tragedia, de la que fue responsable una mina del Grupo México, Palacios reiteró “la importancia de fortalecer los procesos de reparación integral para las víctimas y el emprendimiento de acciones concretas para la recuperación del medio ambiente”, y urgió al nuevo gobierno “asegurar medidas transparentes, participativas y accesibles para todas las comunidades afectadas”, en apego a los estándares internacionales.

El representante de ONU-DH resaltó que la obligación de mantener un medio ambiente sano es también de las empresas, tal como lo establecen los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas”.

Añadió: “La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos no depende de la capacidad o la voluntad del Estado, y ellas también están obligadas a observar una debida diligencia en sus procesos y remediar sus errores”.

Palacios insistió: “Es fundamental lograr una reparación adecuada y asegurar la no repetición para garantizar efectivamente los derechos de las víctimas”.