GUADALAJARA, Jal. (apro).- La viuda de un hombre asesinado por un policía estatal interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, y el presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado, José Ramón Jiménez Gutiérrez, por la presunta violación de la Ley de Amparo.

En la querella -FED/JAL/ZAP/0001071/2021, que se presentó el 19 de marzo de 2021, María Jimena Plascencia Villanueva subrayó que los señalados pretenden obtener una ventaja procesal en una demanda, al omitir que ella y sus hijos son terceros interesados en un amparo indirecto que presentaron las direcciones jurídicas de la SSP y de la Fiscalía estatal, para no indemnizar con más de 12.3 millones de pesos a su familia.

Previamente la viuda, en representación de sus tres hijos menores de edad, presentó una demanda por responsabilidad patrimonial (expediente 52/2018), luego que un juez resolvió que su esposo, el taxista Gabriel Josué Casillas Gaspar, fue asesinado en julio de 2015 por un policía estatal, en complicidad con un exagente. 

La Sala Superior del TJA resolvió el 11 de noviembre de 2019 que la SSP debía reparar el daño debido a que el policía estatal a pesar de estar en su día franco, portaba su arma de cargo.

Sin embargo, en noviembre de 2020 las direcciones jurídicas de dichas dependencias solicitaron un amparo indirecto (1308/2020) contra la sentencia condenatoria y omitieron informar que como terceros interesados había tres menores de edad, por eso se les concedió la suspensión definitiva. 

“Lo anterior permitió obstruir un proceso de ejecución y evitó el pago de una indemnización por parte de la autoridad quejosa hasta el día de hoy”, subrayó la afectada en la denuncia que presentó en la FGR.

Detalló que al elaborar su informe el presidente del TJA no mencionó “que del juicio de origen se encuentra mi persona y mis hijos como tercero interesado”.

En caso de ser hallados culpables, a los funcionarios se les impondría una pena de tres a nueve años de prisión y serían destituidos e inhabilitados.

El director general jurídico de la SSP, Luis Roberto Dávila Sánchez, se negó a pagar la indemnización, debido a que cuando se ventiló el juicio de responsabilidad la dependencia no existía, dado que surgió en diciembre de 2018, cuando se le separó de la Fiscalía General del estado (FGE).

También en el juicio de amparo que se radicó en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo del Tercer Distrito, el director jurídico mencionó que corresponde a la Fiscalía del estado cumplir con la sentencia, ya que el policía homicida asignado a la Fuerza Única Regional (FUR) pertenecía a la extinta FGE.

En tanto, el entonces director general de la Coordinación Jurídica y Control Interno del FGE, Salvador López Jiménez, se desligó del pago al argumentar que le corresponde a la SSP dar cumplimiento al fallo. 

El asesinato

El 15 de julio de 2019, el policía estatal Luis Miguel Rentería Cortés, en compañía de su excompañero de la misma corporación, Javier Carretero Zaragoza, ‘El Cuco’, pidieron al taxista que los llevara rumbo a Chapala.

En el trayecto hicieron varias escalas, la última en la delegación El Rodeo, en Ixtlahuacán de los Membrillos. Ahí, Gabriel y Rentería tuvieron discrepancias sobre el costo del viaje. Entonces el entonces policía de la FUR pidió al taxista dirigirse a una brecha.

Ahí, el policía intentó bajarse del taxi, pero Gabriel lo detuvo para que no se fuera sin pagar. En respuesta, Rentería le disparó en dos ocasiones con su arma de cargo, que portaba pese a estar en día franco. En complicidad con Carretero, quien se quedó con el celular del occiso, arrojaron el cadáver a la orilla del río Santiago y dejaron abandonado el vehículo.

Días después, Rentería regresó por el taxi para pintarlo del color de su auto, que era de la misma marca, y hasta le puso las placas. En noviembre de 2015, la Fiscalía informó a Jimena que su esposo había sido asesinado y que habían detenido a los culpables, acusados de homicidio calificado y robo calificado.

Rentería fue sentenciado --juicio penal 311/2015-B-- a cumplir una condena de 50 años de prisión y ‘El Cuco’ estará 30 años en la cárcel. Se acordó el pago mancomunado y solidario de 350 mil pesos por concepto de indemnización a favor de la familia de Casillas.