CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El  representante de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández Maldonado exhortó al gobierno entrante de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, a atender los conflictos sociales persistentes en la región de la Meseta Purépecha, evitando la estigmatización y criminalización de los promotores de la libre determinación de los pueblos indígenas  de la zona.

Luego de llevar a cabo una misión de observación en la entidad, del 24 al 26 de agosto, Fernández Maldonado urgió a reconocer la “reivindicación de los pueblos indígenas, así como de la exigencia de verdad, justicia y reparación de las personas cuyos derechos humanos han sido violentados”.

Durante su visita por las comunidades de Arantepacua y Nahuatzen, Fernández-Maldonado recabó denuncias de autoridades tradicionales y víctimas de violaciones a derechos humanos, así como a dos personas privadas de la libertad, originarias de Nahuatzen y sostuvo reuniones con autoridades del estado de Michoacán, en Morelia.

El representante llamó a las nuevas autoridades electas a atender la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves, 42VG/2020, relacionada con el operativo policial de abril de 2017, que ocasionó “múltiples violaciones a derechos humanos a pobladores de Arantepecua, incluyendo la ejecución extrajudicial de cuatro personas”.

Alentó al nuevo gobierno a “implementar un plan de asistencia para las víctimas y de reparación integral para la comunidad de Arantepecua, que tenga consideración de las afectaciones producto de las graves violaciones a derechos humanos”.

El funcionario llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) “a evaluar el ejercer su facultar de atracción, que contribuiría a garantizar una investigación imparcial de los hechos”.

Asimismo, llamó a las autoridades “abstenerse de estigmatizar y criminalizar a las personas y grupos que promueven la libre determinación de los pueblos indígenas de la  región, así como su obligación a garantizar la vida e integridad de dichas personas”.

Consideró preocupante la condición de privación de la libertad en que se encuentran comuneros de Nahuatzen desde 2018, y los “repetidos atentados a la integridad contra personas que forman parte del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen”.

La ONU-DH pidió a las autoridades electas de Michoacán “mantener una actitud de diálogo, libre de prejuicios con representantes de las comunidades indígenas de la región, así como conducirse en estricto apego a la normatividad nacional y los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas”, poniendo a disposición su asistencia y cooperación técnica para lograrlo.