PUEBLA, Pue. (apro).- En una ceremonia oficial, pobladores del municipio de Coyomeapan entregaron este lunes a representantes de los gobiernos estatal y federal, vehículos oficiales y armamento que estaban en su poder desde 2021, luego de que se opusieron a la toma de poder del presidente municipal petista, Rodolfo García, quien sigue sin poder ingresar a esa localidad.

Aunque la oferta inicial de este acuerdo había sido que al entregar las armas y patrullas se cancelarían las órdenes de aprehensión contra los pobladores –que se especula son más de 3 mil– en el acta que se levantó este día, el gobierno sólo se compromete a brindar asesoría jurídica a quien lo solicite para que las carpetas que no tengan “fundamento legal” se archiven, “cuando así proceda legalmente”.

Según el escrito que firmaron representantes de Unidad por Coyomeapan, el Subsecretario Jurídico de Gobernación, Arturo Madrid y el Director de Gobierno del Estado, Miguel Mendoza Cruz, los vecinos entregaron cinco patrullas y una ambulancia, el inventario de armamento y municiones que había en la comandancia de la policía local y las videocámaras que estaban instaladas en la localidad.

Aun los pobladores mantienen bajo su control el edificio de la presidencia municipal, donde hasta ahora no han permitido que ingrese el alcalde, a quien los pobladores acusan ser parte de un cacicazgo que conformaron los hermanos David y Araceli Celestino Rosas, esta última diputada federal por PT.

Desde los comicios de 2021, esta localidad quedó bajo control de la población, representada en Unidad por Coyomeapan, mientras que el presidente municipal despacha desde entonces en el municipio vecino de Ajalpan.

Aunque el fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que en esa localidad, ubicada en la Sierra Negra poblana, prevalecía la ingobernabilidad, el Congreso del Estado no ha tomado en cuenta la solicitud que hicieron los pobladores de nombrar un concejo municipal para resolver el conflicto.

La resistencia postelectoral generó el encarcelamiento de cuatro de los dirigentes del movimiento, quienes ya fueron liberados, aunque aún siguen sujetos a proceso.

Igual, tres pobladores indígenas, entre ellos un menor de edad, fueron ejecutados extrajudicialmente por policías estatales el 9 de mayo de 2022. 

En la ceremonia, el representante del gobierno estatal reconoció la entrega de armamento, vehículos, videocámaras, así como el buen estado de los edificios, lo cual contradice las acusaciones que en su momento hizo Barbosa Huerta, quien públicamente acusó a los pobladores de haber incendiado todo eso.

En el acta se señala que esta entrega tendrá efectos ante el juez de la causa penal y que para dar continuidad al diálogo, los representantes del gobierno federal y estatal darán asesoría a los lugareños que aún tienen órdenes de aprehensión vigentes.

“Para que prevalezca el estado de derecho, la paz, la justicia y la gobernabilidad de Coyomeapan, los representantes de la secretaría de Gobernación estatal y de la federación…se comprometen a coadyuvar y a otorgar asesoría jurídica a quien lo solicite, con el propósito que no se inculpe a inocentes y las carpetas de investigación que no tengan fundamento legal se logre, en beneficio de la sociedad, que se resuelvan con el objetivo que se acuerde su archivo por falta de elementos jurídicos cuando así proceda legalmente”, dice el acuerdo firmado este lunes.