COLIMA, Col. (apro).- Dos individuos fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en la desaparición del abogado defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el líder comunal Antonio Díaz Valencia, ocurrida hace más de tres meses en la comunidad Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que José “N” y Fernando “N” enfrentarán el proceso bajo la imputación de coautoría material en el delito de desaparición cometida por particulares, con la agravante de la actividad de las víctimas directas como defensores de derechos humanos.

El 15 de enero pasado, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz participaron en una asamblea de comuneros de Aquila, Michoacán, y en su trayecto de regreso a la capital del estado de Colima fueron privados de la libertad y desde entonces se desconoce su paradero.

Sobre la detención y vinculación a proceso de los dos presuntos responsables, organizaciones de derechos humanos e instituciones académicas mexicanas y extranjeras emitieron un comunicado en el que hicieron hincapié en que, a pesar de lo anterior, a más de tres meses de su desaparición se sigue sin conocer la suerte o paradero de los defensores.

Consideraron necesario señalar “las omisiones y la opacidad por parte de la Fiscalía del Estado de Colima, quien en todo momento se ha negado a cooperar con las demás instituciones y a compartir información vital para el caso”.

En tanto, si bien reconocieron los esfuerzos por parte de algunas instituciones, en particular la Fiscalía General de la República y su Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos contra la Desaparición Forzada, estimaron pertinente señalar que después de tres meses de la desaparición, sus familias y la comunidad a quienes representan los siguen esperando.

En relación con los posibles perpetradores, expusieron, José “N” es señalado como “uno de los líderes de un grupo de comuneros de Aquila que han buscado ostentarse como autoridades de la comunidad, con quienes Ricardo y Antonio habrían tenido con anterioridad disputas legales en el marco de la representación de la comunidad indígena nahua de San Miguel de Aquila, Michoacán frente a la minera Ternium, empresa especializada en la extracción de hierro y fabricación de acero”.

Añadieron que la labor de los defensores desaparecidos ha sido crucial para favorecer a la comunidad en diversos litigios ante los tribunales agrarios, por lo que “en ese sentido es importante referir que estos hechos se enmarcan en un contexto de distintas denuncias por parte de integrantes de la comunidad en contra de la empresa minera, a la que señalan de fomentar la fractura del tejido social y sus intereses de expansión, la cual, implicaría graves afectaciones al medio ambiente”.

Instaron a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las Comisiones de Búsqueda de Colima y Michoacán a intensificar las acciones que contribuyan a dar con el paradero de Ricardo y Antonio, recordando que tanto el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han adoptado medidas cautelares y acciones urgentes, requiriendo a las autoridades del Estado Mexicano la implementación de una estrategia integral para su búsqueda.

“Reafirmamos nuestro compromiso para continuar trabajando hasta encontrarlos y hasta que todos los responsables sean llevados ante la justicia”, sentenciaron.

Suscribieron el documento Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. I(dh)eas, Red “Todos los derechos para todos”, Asesoría y Defensa Legal Sureste, Alianza Américas, Global Rights Advocacy y SeattleUniversity School of Law.