PUEBLA, Pue., (apro).- Pobladores de Santa Ana Xalmimilulco denunciaron que este día decenas de elementos de la policía Municipal, Estatal y de Guardia Nacional, que se trasladaron en al menos 40 patrullas y dos camiones granaderos, sitiaron esa localidad del municipio de Huejotzingo, para escoltar a personal de la empresa Casas Ara.

Desde el mediodía, los pobladores, quienes desde hace meses mantienen un movimiento de resistencia contra el proyecto de esa empresa de construir más de 700 viviendas en esa junta auxiliar, alertaron sobre la llegada de este dispositivo policíaco “nunca antes visto” a esta localidad nahua, el cual causó terror e incertidumbre entre los vecinos. 

Suponen que este despliegue tenía la intención de permitir a Casas Ara reanudar la edificación de viviendas en los terrenos de la ex hacienda de Abajo, pero que al final desistieron por la reacción que tuvieron los pobladores de denunciar los hechos en redes sociales y de congregarse en el centro de la comunidad.

En rueda de prensa, señalaron que desde el mediodía los elementos policíacos cerraron calles y se colocaron en distintos puntos, incluso en gasolineras y las entradas-salidas carreteras y de caminos que comunican con otras poblaciones.

Un poblador mencionó que, a la vez que cercaron los terrenos donde Casas Ara proyecta la construcción de viviendas, los uniformados se instalaron en puntos de Xalmimilulco donde los integrantes del movimiento de resistencia podrían reunirse como es el caso del zocalito. Incluso la iglesia fue cerrada por el sacerdote, para impedir que tocaran las campanas para convocar al resto de los habitantes.

No obstante, los integrantes del Organización en Defensa del Agua y de la Tierra de Santa Ana Xalmimilulco usaron las redes sociales para pedir la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de medios de comunicación por lo que estaba pasando en ese pueblo, lo cual equipararon a un “secuestro”.

Los lugareños se concentraron en el centro de la localidad para discutir sobre acciones a seguir ante la actuación de la policía y la posibilidad de que el proyecto inmobiliario se impusiera por la fuerza. 

Alrededor de las 5:30 de la tarde, la mayor parte de los policías se empezaron a retirar, bajo el argumento que habían custodiado al personal de Casas Ara sólo para sacar maquinaria y materiales de construcción que tenían en el terreno.

En rueda de prensa, los integrantes de la organización cuestionaron la dimensión de este operativo para cuidar los intereses de una empresa y, a la vez, para mandar un mensaje de opresión para esta comunidad que durante meses ha impedido que la construcción de viviendas avance.

Incluso mencionaron que esa tarde se registró un asalto en las calles de Xalmimilulco y que la policía no intervino para proteger a los afectados pues estaban centrados en este operativo de custodiar a la empresa.

Claudia Martínez, directora del Colectivo Alerta Temprana de Periodistas y Activistas, consideró que este despliegue policíaco sí pudo tener la intención de imponer la reanudación de la edificación de viviendas, pero que se detuvo por la reacción de los habitantes.

Uno de los vecinos refirió que esta localidad tiene interpuesto un juicio de amparo contra este proyecto de fraccionamientos, pues nunca fueron consultados para llevarlo a cabo en su comunidad. 

Los pobladores explicaron que se oponen a este desarrollo inmobiliario porque Xalmimilulco ya enfrenta en la actualidad problemas de desabasto de agua, contaminación, seguridad, saturación de servicios públicos e incluso de escuelas y clínicas de salud, lo que se agravaría aún más con esta construcción masiva de unidades habitacionales.

También, mencionaron, se han manifestado contra la construcción de una planta tratadora porque se pretende edificar en un terreno donde ya había una obra de ese tipo que nunca funcionó, cuando existe otra área de mayor altura que además podría beneficiar a los agricultores de Xalmimilulco con el suministro de aguas tratadas para riego.

Los pobladores advirtieron que en diversas ocasiones han solicitado diálogo con las autoridades estatales para explicar las razones y propuestas sobre estos proyectos, pero hasta ahora no han sido escuchados y, más bien, se han desatado campañas mediáticas en su contra para criminalizarlos e incluso relacionarlos con el huachicol. 

Responsabilizaron al diputado local con licencia, Roberto Solís, quien ahora es candidato de Morena a la alcaldía de Huejotzingo, de haber traicionado el diálogo para resolver este conflicto social.

Cabe recordar que el 20 de diciembre, el Ayuntamiento de Huejotzingo, encabezado por la morenista Angélica Alvarado, envió un operativo de granaderos a detener a siete pobladores que participan en esta lucha.

Cinco mujeres fueron detenidas: Saira Alonos Romero, Norma Ramírez Romero, Alba Ramírez Romero, Bárbara Ramírez y Guadalupe Juárez, esta última con tres meses de embarazo; así como dos hombres llamados Alejandro Juárez Ramírez, Valentín Enrique Ramírez.

El Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Activistas evidenció en un video la forma en que estos vecinos fueron prácticamente levantados por policías municipales -sin que hubiera cargos u órdenes de aprehensión de por medio- para ser sometidos a golpes, intimidados y amenazados por su participación en la defensa del territorio.