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CNDH emite recomendación a Sedena por caso de integrante del Ejército torturado por militares

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló actos de tortura cometidos por personal militar contra un integrante del Ejército mexicano actualmente recluido en Tepic.
miércoles, 30 de diciembre de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, por actos de tortura cometidos por personal militar contra un integrante del Ejército mexicano, actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 “Noroeste”, en Tepic, Nayarit.

La recomendación 78/2020 fue emitida a partir de una queja recibida en abril de 2017, relacionada con hechos ocurridos en 2010, en la que se narran actos de tortura cometidos en agravio de un militar que fue detenido por agentes de la entonces Policía Judicial Militar. Bajo su custodia fue víctima de tortura “física, psicológica y sexual”, hechos confirmados en la aplicación del “Protocolo de Estambul”.

De acuerdo con la recomendación, el militar prestaba servicio en Michoacán cuando fue requerido por el comandante del batallón, momento en el que fue sometido, “le quitaron sus pertenencias, amarraron sus manos hacia atrás y le ‘vendaron los ojos’; posteriormente le preguntaron ‘¿para quién trabajas?’, y al responder ‘para el Ejército’, le dijeron ‘no te hagas pendejo’, dándole bofetadas y le taparon la cara”.

Según el documento recomendatorio, pese a que en el teléfono celular del agraviado sólo se localizaron llamadas a su novia, los agentes aprehensores lo acusaron de trabajar para el cártel de la Familia Michoacana.

El testimonio refiere que entre el día en que fue llamado a la comandancia, el 2 de abril de 2010, y el día en que fue presentado ante el Ministerio Público Militar, pasaron más de 24 horas, tiempo en que fue desnudado, atado con las manos hacia atrás, vendado de los ojos y golpeado en el estómago, además de que le ponían un trapo en la cara y le echaban agua, por lo que “sentía que se ahogaba, no podía respirar”.

También recibió descargas eléctricas y fue sometido a simulacros de fusilamiento, mientras era interrogado sobre “militares que estaban metidos en pedos”, en tanto que su estado de salud fue verificado por un médico militar, y al ser trasladado a los dormitorios escuchó “gritos de otras personas que estaban siendo golpeadas”.

De acuerdo con la CNDH, durante la investigación se pudo acreditar que “la víctima sufrió violaciones a sus derechos humanos a la libertad, a la integridad, a la seguridad personal y a la seguridad jurídica”, así como que la tortura ocasionó “lesiones físicas en la víctima y un daño psicológico que fueron detallados en el ‘Dictamen Especializado Médico y Psicológico para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura’, del 8 de febrero de 2017, emitido por la Sedena”.

Por las violaciones a derechos humanos, la CNDH instruyó al titular de la Sedena a reparar el daño causado a la víctima, en apego a la Ley General de Víctimas, inscribirla en el Registro Nacional de Víctimas, así como colaborar con la CNDH en la denuncia de hechos que se presente ante la Fiscalía General de la República, “a fin de que se investigue y se determine la responsabilidad de elementos militares que participaron en los hechos”.

El organismo pidió al secretario que acompañe al organismo en la queja que se presente ante “la instancia competente de la Sedena en contra de los elementos militares involucrados en los hechos, y que se incorpore copia de la presente recomendación laboral y personal de los elementos militares señalados como responsables”.

De igual manera, recomendó impartir cursos de capacitación en materia de respeto a los derechos humanos dirigidos a integrantes de la Sedena, incluido el personal médico, “enfocados en la erradicación de las detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, así como implementar políticas públicas “que permitan identificar y reducir los riesgos y puntos de vulneración que permitan identificar y reducir los riesgos y puntos de vulneración de los derechos humanos cuando la Sedena coadyuve en tareas de seguridad”.

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