Derechos Humanos

EU prohíbe la entrada a Mario Marín y a su familia por violaciones flagrantes a los derechos humanos

El exgobernador de Puebla fue incluido en la lista que Estados Unidos emitió este viernes para imponer sanciones financieras y prohibir el otorgamiento de visas.
viernes, 10 de diciembre de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exgobernador de Puebla Mario Marín Torres fue incluido en la lista que Estados Unidos emitió este viernes para imponer sanciones financieras y prohibir el otorgamiento de visas a funcionarios, exfuncionarios y entidades gubernamentales de nueve países, incluidos China, Myanmar y Rusia, como parte de las acciones coordinadas con Canadá y Gran Bretaña para coincidir con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo con información de la agencia internacional AP, Marín Torres es el único funcionario del hemisferio occidental nombrado en las medidas anunciadas.

El exgobernador de Puebla fue detenido el pasado 3 de febrero y vinculado a proceso el 10 del mismo mes, por su supuesta responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, autora del libro “Los Demonios del Edén” –publicado en 2005-- y quien recientemente recibió la nacionalidad española.

En dicho libro la escritora hace referencia a una red de pornografía infantil que actuaba con el conocimiento y la protección de políticos y empresarios de Quintana Roo y Puebla y que implicaba a Jean Succar Kuri y a Kamel Nacif Borge, el llamado “Rey de la Mezclilla”. Éste la demandó por difamación.
En diciembre de ese mismo año, la periodista fue aprehendida en Cancún, Quintana Roo, por elementos policiacos de Puebla, que la trasladaron de manera ilegal a esta última entidad para enfrentar los cargos.

Dicha detención fue ordenada por Mario Marín, quien fue acusado de secuestro en contubernio con Kamel Nacif.

La medida del Departamento de Estado hace a 12 funcionarios y exfuncionarios de seis países --Uganda, China, Bielorrusia, Bangladesh, Sri Lanka y México-- inelegibles, junto con sus familias, para viajar a Estados Unidos, bajo una ley que autoriza la proscripción de otorgar visas a personas implicadas en “violaciones flagrantes a los derechos humanos o corrupción significativa”.

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