CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado aprobó reformas para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como el feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol.

La Mesa Directiva envió el proyecto al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Con 62 votos a favor, 36 en contra y una abstención, el pleno avaló los cambios realizados por la colegisladora para eliminar la prisión preventiva oficiosa a los delitos cometidos con arma réplica, como señalaba el dictamen que envió el Senado en 2020.

Lo anterior, luego de la reforma al artículo 19 constitucional en 2019, donde se establecieron nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y el Congreso tenía que realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

Así, modificaron el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de leyes en materia de Delitos Electorales, y de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre otras, así como el Código Penal Federal.

El senador Emilio Álvarez Icaza, sin grupo parlamentario, votó en contra al argumentar que no se debe seguir avanzando “en la construcción de un sistema punitivo” y “regresivo en materia de los derechos humanos”.

Antes de la aprobación, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo a los medios de comunicación que los “servidores de la Nación” y militantes de Morena que dan un uso electoral a la campaña de vacunación contra el covid-19 cometen un delito que amerita prisión preventiva oficiosa.

“Cuando modificamos la Constitución y elevamos a delito grave la corrupción y los delitos electorales, sabíamos que íbamos a tener esto y es una clara lección y claro mensaje para todos, para todos los que usen recursos públicos y programas en beneficio partidista. Ya no se puede”, señaló el legislador.

“¿Incluyendo Morena y sus servidores?”, le insistió una reportera.

“¡Claro! Es que no es excepción, se aplica a todos, sin excepción. Se aplica a todos los servidores públicos, en todos los niveles del gobierno. Así va a ser”, remató.