CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED ) denunció que a un año del asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, no hay ningún avance significativo en la investigación, por lo que demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) el rápido esclarecimiento de este doble crimen.

El juez de Distrito y su esposa fueron asesinados el 16 de junio de 2020 en Colima, Colima, entidad a la que se habían mudado tras enfrentar amenazas por su trabajo jurídico en un Juzgado de Procesos Penales Federales con residencia en Jalisco, especializado en delitos federales de alto impacto y delincuencia organizada.

El juzgador federal había rechazado continuar con el servicio de escoltas que le proporcionaba el Consejo de la Judicatura Federal, pero no contaba con vehículo blindado. Villegas Ortiz había llevado decenas de casos relacionados con grupos delictivos como Los Zetas, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Diversos reportes de inteligencia han apuntado que los autores materiales e intelectuales del homicidio pertenecían a esta última organización criminal.

Sin embargo, un año después del doble asesinato, la FGR y la Fiscalía de Colima solo han logrado detener y capturar a uno de los presuntos responsables, por lo que jueces y magistrados exigieron a la FGR no dejar el caso en la impunidad.

“Ha transcurrido un año desde que se cometió este acto criminal en contra de nuestro compañero y el cual está relacionado con sus funciones como juez de Distrito en la ciudad de Colima. A estas fechas, sólo una persona se encuentra vinculada a proceso”, apuntó la JUFED.

Mediante un comunicado, los jueces de distrito y magistrados de Circuito agregaron que hasta este jueves “los autores intelectuales” del atentado no han sido detenidos y las indagatorias no reflejan mayor avance, propiciando la impunidad de este tipo de casos.

“La impunidad en torno a este crimen cometido contra un representante del Estado Mexicano envía una preocupante señal de que es posible privar de la vida a quienes tienen la alta misión de impartir justicia, sin que exista una reacción eficaz de los órganos federales responsables”, concluye el comunicado de la JUFED.