CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 12 años del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el que perdieron la vida 25 niñas y 24 niños, además de decenas de lesionados, familiares de las víctimas e integrantes del Movimiento 5 de Junio señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, y lamentaron que quien en aquel tiempo era alcalde de la capital sonorense, Ernesto Gándara Camou, ahora compite por la gubernatura.

En un pronunciamiento, integrantes del Movimiento 5 de Junio exigieron a las autoridades judiciales que “impartan justicia y dejen de simular”, luego de recordar que un mes después de la tragedia los ciudadanos de Sonora castigaron con su voto al partido gobernante, el PRI, siendo beneficiado el candidato del PAN, Guillermo Padrés Elías, quien utilizó la tragedia “como trampolín” al prometer castigo a los responsables.

Para los padres y madres de la asociación civil, el triunfo de Padrés “sólo fue el inicio de una interminable lista de quienes lo han hecho (usar el caso) hasta ahora, creyendo que con dádivas y noticias filtradas a medios (no oficial) pretenden se tenga una sensación de justicia en lugar de la real y contundente impunidad”.

En el comunicado, los integrantes del Movimiento 5 de Junio destacaron que entre la lista de presuntos responsables del incendio en la guardería --tanto funcionarios públicos como particulares-- se encuentra precisamente Gándara.

A 12 años de los hechos es “vergonzoso e indignante (..) ver que uno de los principales responsables hoy intente ser gobernador del estado de Sonora, Ernesto Gándara Camou, quien en 2009 fuera el presidente municipal de Hermosillo y por lo tanto el principal responsable de protección civil municipal”, que antes del incendio fue responsable de ratificar el permiso para que la guardería siguiera en operación, “sin presentar las condiciones adecuadas para seguir en funcionamiento”, subrayaron.

El Movimiento 5 de Junio insistió en sus demandas de castigar a los responsables, ninguno de los cuales se encuentra en la cárcel, dao que en mayo de 2016 el Poder Judicial emitió una sentencia “tardía, parcial y deficiente”, además de que al no ampliarse la acción penal, tres de los inculpados fueron absueltos, “lo que genera una gran indignación y desconfianza en el actuar del Poder Judicial”.

A ello se suma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) remitió a un tribunal unitario en Hermosillo, amparos que correspondían al pleno de la SCJN analizarlos, sin que hasta ahora los padres y madres de las víctimas hayan sido notificados “del contenido y alcance de dichas resoluciones”.

Sobre la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR), lamentaron que la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero “no ha mostrado interés en hacer lo que l corresponde respecto a investigar el caso de la Gguardería ABC”.

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado por mantener el caso abierto “para otras líneas de investigación o, en su defecto, una reingeniería de los hechos, la FGR no ha actuado en consecuencia, mientras que se desconoce la seriedad de las denuncias realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social”, interpuestas a más de 11 años de los hechos, sin saber “si pueden ser procedentes”, recalcaron.

De igual manera, lamentaron que después de la tragedia sigan sucediendo en el país “casos de lesiones, abusos e incluso a la fecha más de cien víctimas fatales dentro de las estancias infantiles”, por no aplicar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como Ley 5 de Junio.

También reprobaron que el gobierno de López Obrador mantenga vigente el sistema de subrogación de guarderías a particulares por parte de instituciones del Estado como el IMSS, uno de los factores “que originaron esta tragedia”, sin que hasta el momento haya “iniciativas para ir cambiando este sistema de privatización del cuidado de los hijos e hijas de las trabajadoras y trabajadores de México”.

En tal sentido, exigieron “la eliminación del sistema de subrogación y la implementación de un sistema nacional de estancias infantiles a cargo directamente del Estado mexicano”, y que anteponga el interés superior de la niñez, reconocido constitucionalmente y en tratados internacionales, con “un compromiso real con nuestra primera infancia”.

Los familiares de las víctimas del incendio de la guardería ABC demandaron “continuar la atención médica, así como las diversas terapias de rehabilitación a todas las víctimas, la garantía de no repetición (ABC nunca más) vía la aplicación de la Ley 5 de Junio, el castigo a los responsables, la conmemoración del día 5 de junio como día de Luto Nacional”, y que en el lugar de los hechos se construya un memorial que recuerde a todo el país y al mundo que “la corrupción mata niños y niñas en México”.