CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal concedió una suspensión definitiva a Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), contra la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendiente por delincuencia organizada y lavado de dinero; sin embargo, la medida no impide a las autoridades ejecutar el mandamiento.

El juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México señaló en su resolución que los delitos por los que fue emitida la orden de captura contra Robles Berlanga ameritan prisión preventiva de oficio.

Dicho mandamiento fue emitido el 31 de octubre de 2020 por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

En consecuencia, la suspensión definitiva que el juez de amparo concedió únicamente tiene como efecto que la orden de aprehensión pueda ser ejecutada dentro del penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde Robles permanece sujeta a prisión preventiva justificada.

O que para el caso de estar en libertad, de ejecutarse el mandamiento, la exsecretaria de Estado quedará a disposición del juez de amparo, únicamente para que este vigile que sus derechos humanos no sean violentados como consecuencia de esta captura, y del juez de control de Almoloya para continuar con su proceso penal.

“Para que la peticionaria quede a disposición de este órgano de control constitucional, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, en el lugar en el que se encuentra recluida, y a la de la autoridad jurisdiccional que conoce del asunto por lo que hace a la continuación del procedimiento, el cual no puede suspenderse en virtud de ser de orden público”, señaló el juzgador.

Hasta ahora la FGR no ha informado por qué no ha ejecutado la orden de captura contra Robles Berlanga quien actualmente se encuentra vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público por no evitar los desvíos millonarios cometidos por sus subordinados en Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), cuando era titular de ambas dependencias en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Debido a que la ex secretaria de Estado no ha sido imputada de desviar recursos públicos o de otro delito más grave, su defensa lleva tres años, sin éxito, intentando revocar la prisión preventiva justificada por la que permanece en Santa Martha, misma que le fue impuesta bajo el argumento de que tiene los recursos suficientes para darse a la fuga y no se conoce su domicilio preciso, pues en las audiencias se habló de hasta 3 domicilios.