TOLUCA, Edomex. (apro).- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denunció que hasta ahora los seis aspirantes al gobierno mexiquense han utilizado la problemática femenina como mera bandera política, pero ninguno ha ofertado soluciones serias y viables a la violencia de género. María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva de la organización, señaló que las propuestas “rosas” sólo violentan y encasillan a las mujeres, pero de ninguna manera las protegen ni empoderan. “Como Observatorio estamos pidiéndoles a los candidatos que revisen lo que ya está en cuestión de la Alerta por Violencia de Género, lo que falta y lo que no sirve. Ellos sólo repiten lo que está mal. Ninguno de ellos habla de las desapariciones que ponen en riesgo a mujeres, adolescentes y niñas. El tema de género sólo se utiliza para la campaña, a todas nos quedan debiendo y hay tanto qué hacer”, destacó. En virtud de que ninguno de los seis candidatos a la gubernatura se ha comprometido seriamente a abatir las agresiones de género, la activista anticipó el riesgo de un retroceso en el combate a la violencia contra las mujeres. “Se sigue estigmatizando a las mujeres, hay discriminación como un factor para desencadenar la violencia. Los partidos políticos y sus candidatos nos siguen viendo como ciudadanas de segunda, no tienen una agenda seria contra la violencia feminicida y esto pone en riesgo la continuidad de lo logrado por las organizaciones. Hacer borrón y cuenta nueva sólo generará más feminicidios”, consideró. Para el OCNF, prosiguió, resulta innecesario que los aspirantes hablen de decretar alerta de género en los 125 municipios cuando no funciona en los 11 que ya existe. Además, refirió, todos los ayuntamientos deben implementar protocolos y medidas para disminuir los feminicidios, sin necesidad de que una alerta lo ordene. La realidad, lamentó, es que cada día las mexiquenses son asesinadas con mayor crueldad y violencia, y la impunidad prevalece en estos casos. La AVG, dijo, ya quedó rebasada, pues 626 mujeres fueron asesinadas en la entidad entre 2015 y 2016, donde sólo se tipificaron como feminicidio 296 casos y apenas diez se resolvieron con sentencias condenatorias. La mayoría de las víctimas, manifestó, tenían entre 21 y 35 años de edad, que representan la población de mayor riesgo; 40% murió por asfixia y 35% por arma punzocortante, lo que implica un uso desmedido de la fuerza en ese tipo de asesinatos. María de la Luz Estrada destacó que uno de los mayores problemas para aplicar la AVG radica en las medidas de protección que deben ser resueltas y ordenadas por el Poder Judicial; no obstante, la instancia no mantiene el trato directo con las víctimas, sino la Fiscalía General de Justicia, lo que retrasa y obstaculiza la decisión, por lo que es necesaria una reforma legal. “Ya se crearon unidades, hay expertos, recursos y herramientas para poder empezar a ver cómo está impactando y empezar a disminuir, pero si los candidatos no lo están considerando, viene un retroceso”, insistió.