MADRID, España (Proceso).— El pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional desestimó, por unanimidad, el recurso de súplica presentado por el empresario Alonso Ancira, agotando con ello todos los recursos legales que tenía para evitar su extradición a México, donde la justicia le reclama para responder por delitos derivados de la compra-venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex.

La orden de extradición que México presentó ante la Audiencia Nacional es por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude y malversación de caudales públicos.

El auto fechado el miércoles 11 de este mes desestima “el recurso de súplica” interpuesto por la procuradora Beatriz Sánchez Vera Gómez-Trelles, “en nombre y representación procesal de Alonso Ancira Elizondo (…) acordando la procedencia de la extradición del mencionado reclamado a los Estados Unidos Mexicanos”.

Los 20 magistrados que componen el pleno de la Sala Penal, encabezada por la juez Concepción Espejel, notifican además que contra esta resolución “no cabe interponer recurso ordinario alguno”.

El siguiente paso es que su extradición sea aprobada en el Consejo de Ministros.

La sala confirma la entrega del empresario mexicano al considerar que se cumple la “doble incriminación”, es decir, que los hechos por los que le persigue la justicia mexicana también son delitos en España.

En el recurso de súplica, el expropietario de Altos Hornos de México (AMHSA) –dado a conocer por la revista Proceso en julio pasado— pedía que se revocara la resolución del 27 de mayo de la propia Audiencia Nacional, que daba luz verde a su extradición a México, por considerarse víctima de una “persecución política” emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y de ser un “daño colateral” en la guerra del Ejecutivo mexicano contra sus antecesores.

“El señor (Alonso) Ancira Elizondo es una víctima del fuerte enfrentamiento del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador contra sus predecesores en el cargo, especialmente Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari”, dice el recurso de súplica dado a conocer por el semanario.

Sin embargo, la sala fue tajante al rechazar dicho argumento de la persecución política “en tanto que se persigue un delito común de clara corrupción”, donde se denuncia “un fraude por sobreprecio en la compra de una inservible y obsoleta planta de agronitronegados que produjo un enorme perjuicio económico a las arcas públicas mexicanas y una contraprestación en un inmueble de lujo en Ciudad de México”.

La defensa del empresario conocido como “el rey del acero” pidió en esa controversia, del 15 de julio pasado, que se declarara “improcedente” la extradición a México, y se anule ante las “violaciones a los derechos fundamentales” del defendido.

Ancira fue detenido por agentes de la Policía Nacional el 28 de mayo de 2019, en el aeropuerto Son Sant Joan, de Palma de Mallorca, cuando pretendía viajar a Canadá, de acuerdo al auto de prisión preventiva que le dictó el juez de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, magistrado Santiago Pedraz.

El 28 de junio de ese año, el juez modificó la medida cautelar y le otorgó la libertad provisional a cambio del pago de una fianza de un millón de euros (alrededor de 26 millones de pesos), el retiro de los pasaportes (mexicano y estadunidense), le ordenó no abandonar el territorio español y comparecer ante un juzgado cada dos días.

En la vista de extradición del 10 de marzo, el empresario rechazó la extradición a México y en su intervención ante el tribunal español fue particularmente duro en sus opiniones al considerar que México es “un país que no tiene leyes”, y ya en ese momento se presentó como víctima de una “persecución política” por parte del gobierno de López Obrador.

Al Ejecutivo mexicano llegó a calificarlo de “mitómano del tamaño de Hitler” y de ser “un sujeto que no está en su cordura”, expresiones que no pasaron desapercibidas para el gobierno mexicano.

“El señor presidente (López Obrador) quiere ir sobre la administración anterior (de Peña Nieto)”, lo que le convertía a él como “un daño colateral”.

El 27 de mayo, la Sala de lo Penal Sección Primera de la Audiencia Nacional, que preside la juez María Riera Ocariz, dio luz verde a la extradición a Ancira.

La defensa del magnate presentó el recurso de súplica contra esa decisión, por considerar que se viola “la legalidad constitucional”, al considerar que aunque “la extradición se interesa por un delito de naturaleza común, blanqueo, pero que encubre una persecución espuria contra el señor Ancira. Y existe un grave riesgo de que se produzca una violación de sus derechos fundamentales”, como los derechos a la libertad personal, a un proceso justo, a la tutela judicial y al de defensa.

“La persecución se enmarca en un contexto de acoso contra el Partido Revolucionario Institucional y contra acciones de gobiernos anteriores, a los que el actual gobierno, con su presidente a la cabeza (López Obrador), acusa de corrupción, tráfico de influencia y malversación”, señala, y agrega que es para “someter a procedimientos penales a sus adversarios políticos”.

En su análisis, destacan que el gobierno mexicano se centró en denunciar la compra-venta de Agro Nitrogenados hasta 2017, “pocos meses antes de postularse a la presidencia de México”.

“Los ataques de incrementaron extraordinariamente en periodo de precampaña y campaña electoral como se comprueba en los documentos aportados y en el análisis de los mensajes publicados”, que son medios de comunicación mexicanos y extranjeros, y redes sociales.

Según la defensa de Ancira, a cargo del abogado Manuel Ollé, las referencias a su defendido se enmarcan en esos periodos, siendo utilizado como medio de una “persecución política que trasciende del mismo” y que es utilizada por “Antonio” Manuel López Obrador en su “guerra institucional contra la corrupción para expulsar a sus oponentes mientras ignora el comportamiento cuestionable de sus partidarios”.

Infieren, además, que con todo ello “se estrecha el cerco sobre el expresidente Peña Nieto, que sería el objetivo último de (Andrés) Manuel López Obrador”.

Sobre este particular, la Sala Penal Sección Primera, que componen la presidenta magistrada María Riera Ocariz y los magistrados Jesús Gutiérrez Gómez y Fermín Echarri Casi, argumentó en su auto del 27 de mayo que “el interés de los medios de comunicación de México por los hechos de la extradición, incluso el interés de los políticos por esta cuestión, comenzando por el presidente de la República, no diluye la apariencia delictiva de los hechos analizados”.

La defensa añade que en dicho auto, la sala “sobrepasó el límite de la propia demanda de extradición”, porque supuestamente incluyó “elementos fácticos” que la demanda no contenía y “así poder concluir que había un delito de blanqueo de capitales”.

Asegura que la demanda de México no refería la “actividad delictiva previa”, es decir, la procedencia del dinero o los bienes blanqueados.

La defensa del magnate considera que esa actividad previa “nunca existió”, pues es una “impostada suposición” de México fundada en una “persecución política”.

Según la defensa del empresario, la Fiscalía mexicana “fabuló un delito y olvidó asentar correctamente los elementos” en la querella para solicitar la extradición, “aprovechando los días de vacaciones” que Ancira pasaba en España. Y solicitó la detención internacional “deprisa y corriendo” y por ello no se percataron como “fingir correctamente” la supuesta actividad delictiva previa.

La defensa argumentaba que la prescripción del delito de blanqueo de capitales se cumplió en 2015, tres años después de las operaciones, y no como argumenta la fiscalía mexicana, hasta el 15 de noviembre de 2022.

En el auto del pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional refieren la serie de triunfos y derrotas y los diversos recursos que tanto Ancira como la fiscalía mexicana han presentado en los tribunales mexicanos, por lo que “ante tamaña confusión y vaivén”, optan “por cumplir con el principio pro extradicionare, en tanto no conste a este Tribunal una tajante información oficial de anulación de la orden internacional de extradición”.

Por tanto, dispusieron dar luz verde a la entrega de Alonso Ancira a México, para que enfrente presuntos delitos de corrupción y blanqueo de dinero.