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INE multa al PRI con 84.3 mdp por comercializar padrón

Esta es la mayor sanción a un partido por haber puesto en riesgo los datos de más de 98 millones de ciudadanos en Lista Nominal de Electores (LNE), mismos que fueron puestos a la venta de manera irregular.
jueves, 26 de noviembre de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso al PRI una multa por 84 millones 388 mil pesos por haber intentado comercializar la "Base de datos INE 2018”, en el portal de ventas en línea Mercado Libre.

Esta es la mayor sanción a un partido por haber puesto en riesgo los datos de más de 98 millones de ciudadanos en Lista Nominal de Electores (LNE), mismos que fueron puestos a la venta de manera irregular.

Los datos ciudadanos correspondían al padrón electoral con corte a enero de 2015 que habían sido entregados al Partido Revolucionario Institucional sólo con fines de verificación, pero cuya confidencialidad fue negligente en proteger.

Por eso deberá enfrentar la sanción con descuento de 10% de sus ministraciones mensuales, es decir 14 millones 64 mil pesos, durante medio año.

Gerardo Triana, representante del PRI ante el INE, pidió que se permita al partido pagar tras las elecciones de 2021, para no afectar sus finanzas durante la campaña, pero no fue aceptado.

Mario Silva, el ciudadano que puso a la venta la información y cuyo vínculo con el PRI no se detectó, fue multado con 40 mil pesos, dado que ofreció el listado por 12 mil pesos.

Esta es la tercera multa al PRI por poner en riesgo los datos del padrón electoral. En julio de 2018 fue sancionado con 43 millones 795 mil pesos, por el indebido resguardo del listado de electores de Sinaloa, lo que hizo posible que éste apareciera en el sitio web digitalocean.

En 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó nueva multa por 16 millones 423 mil pesos al PRI, por negligencia en el resguardo de la LNE de Baja California de 2013, lo que permitió su difusión en el portal people-search, en 2016.

En la sesión del INE se resolvieron otros dos casos relativos a la LNE. Así, se sancionó a Mahelet Enríquez Sánchez, excandidata independiente a presidenta municipal de Jonacatepec, Morelos, con 120 mil 900 pesos, pues intentó fotocopiar dos cuadernillos del Listado Nominal de los comicios de 2018 en esa localidad.

Esa lista se le dio únicamente para que sus representantes de casilla verificaran que los ciudadanos que acudieran a votar estuvieran enlistados.

Por este caso el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, ordenó a la Secretaría Ejecutiva difundir a todas las cadenas de papelerías que la reproducción del Listado Nominal es un delito.

También se logró acreditar que dos funcionarias de la Secretaría de la Juventud de Yucatán contaban indebidamente con la Lista Nominal utilizada para las elecciones de 2015, correspondientes al estado de Yucatán en dos distritos, por lo que se dio vista a la Contraloría del estado.

Multan a banco por ignorar al INE

En otro caso, el INE sancionó con 377 mil 400 pesos a BBVA Bancomer por negarse a entregar información solicitada por el INE para desahogar una investigación en 2012.

Esa indagatoria fue sobre la empresa Logística Estratégica Asismex, usada en 2012 para el pago de representantes de casilla de todos los partidos, mismos que supuestamente invirtieron 18.4 millones de pesos en esos pagos.

Por ese caso el INE impuso sanciones por 36.8 millones de pesos a los siete partidos que contendieron en esa elección: PRI, Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Nueva Alianza (Panal).

Pero en las diligencias Bancomer no dio datos al INE, lo que generó un retraso de tres años en la investigación.

Por eso ahora, de cara al arranque de las campañas del proceso electoral más grande de la historia y “a unos meses de que inicien las campañas electorales, va a ser muy importante para fines de transparencia, de fiscalización, de certeza, que los recursos que fluyen a la política tengan un origen limpio y un destino apegado a la ley”, dijo el consejero Ciro Murayama.

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