CIUDAD DE MÉXICO (apro). Ante la petición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) al Órgano Interno de Control (OIC) de la Cancillería, para que investigue la presunta “vacunación clandestina” a funcionarios de la dependencia, Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, negó “categóricamente” las acusaciones en su contra y sostuvo que su papel se limitó a “realizar las negociaciones multilaterales y bilaterales”.

El pasado 18 de diciembre, Roberto Salcedo Aquino, subsecretario de Combate a la Corrupción en la SFP, pidió al titular del OIC que investigue una denuncia recibida el 5 de diciembre de 2020, donde se señala que Delgado y su entonces número dos, Javier Jileta, operaron un centro de vacunación clandestino en las oficinas de Epic, una empresa ubicada en el número 19 de la calle Ciruelos, en la colonia Ciudad Jardines, que manejaron como “voluntariado del ensayo clínico” de la vacuna desarrollada por la empresa CanSino.

Según el oficio, revelado hoy por el portal Latinus, la denuncia indica que Delgado y Jileta “han incurrido en cohecho, utilización indebida de información, abuso de funciones, etc., al dar acceso a vacunas (no placebo) NO autorizadas por COFEPRIS a diversos funcionarios dentro de la Administración Pública y convertir ese predio en centro de vacunación NO autorizado”.

En una postura que subió en sus redes sociales, Delgado aseveró: “una vez que las vacunas tocan suelo mexicano, la Cancillería no tiene injerencia alguna en el manejo de las mismas”, y pidió que se transparente “el manejo de las vacunas de CanSino Bio que se utilizan para la realización de la fase III en México”.