CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma que establece edades mínimas para ocupar cargos públicos.

La nueva legislación establece en el artículo 55 constitucional que para ser diputado se requiere tener 18 años cumplidos el día de la elección.

Mientras que para el artículo 91 precisa que para ser secretario de Estado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 25 años cumplidos.

La Comisión Permanente declaró aprobado así el decreto que reforma ambos artículos de la Carta Magna.

El presidente de la Mesa Directiva, el senador morenista Alejandro Armenta Mier, hizo la declaratoria oficial de la reforma y anunció que se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Previamente, la secretaría de la Mesa Directiva informó que se recibieron 19 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de Baja California, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Estado México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Zacatecas y la Ciudad de México.

En la sesión, la diputada morenista Julieta Andrea Ramírez Padilla señaló que las juventudes están obligadas a terminar con los estragos del neoliberalismo, racismo, clasismo, violencia contra las mujeres y de los privilegios.

Por eso, dijo, “el llamado a que seamos nosotros los que acabemos con los privilegios que imperan en el Poder Judicial. Seremos las y los jóvenes quienes encabecen la lucha por acabar con los privilegios que ustedes se autootorgaron”.

Del PAN, la diputada Krishna Karina Romero Velázquez celebró la aprobación de la reforma; sin embargo, cuestionó de qué sirve involucrar a temprana edad a las y los jóvenes en la vida pública si al mismo tiempo “se les da la espalda, al acatar instrucciones para desaparecer el Instituto Mexicano de la Juventud; con ello, se le da la espalda a más de 31 millones de jóvenes mexicanos”.

Argumentó que para el actual Gobierno Federal las y los jóvenes no son un sector prioritario. “No corremos con la misma suerte que las obras favoritas o faraónicas del gobierno; nos visualizan como un voto clientelar y se deja a los jóvenes sin un organismo capaz de impulsar y promover nuestro desarrollo integral. Necesitamos que se nos proteja y necesitamos justicia”.