Jueves 25 de Abril 2024
Luego de que un juez absolviera al único acusado en el caso, la periodista, la primera víctima reconocida de espionaje con Pegasus, afirmó que toca a la Fisaclía hacer su trabajo y elevar sus estándares y "responderle a México frente a un agravio extendido y cometido de manera ilegal".
El empresario Yakov Fauster pretende cobrar cinco millones de dólares al periódico y otros cinco millones de dólares al periodista que redactó una nota en la que se cita el reportaje “México, paraíso de las empresas israelíes de ciberespionaje”, publicado en Proceso.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y SocialTIC condenaron que el gobierno de López Obrador siga utilizando Pegasus para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas.
Se anunció que cerró la queja que el defensor y activista de Nuevo Laredo Raymundo Ramos interpuso contra el Ejército por espiarlo. Al organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra le bastó con que la Sedena negara haber realizado alguna intervención de comunicaciones privadas civiles.
Una agencia de gobierno –no identificada-- compró el sistema de espionaje en noviembre de 2021, a través de una sociedad intermediaria de New Jersey llamada Riva Networks, que había vendido una versión de Pegasus al FBI en 2019; en el contrato de 2021, su director firmó con un nombre apócrifo
Se llama Centro Militar de Inteligencia (CMI). Lo encabeza un general y en él trabajan 619 elementos castrenses. Opera desde un búnker de más de 5 mil millones de pesos en el Campo Militar No 1. Tiene un poderoso arsenal tecnológico, incluyendo Pegasus, con el que opera al margen de la ley.
Un oficio clasificado elaborado por el CMI y entregado al general Luis Cresencio Sandoval, expone datos que los militares encontraron en el teléfono de Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo para obstaculizar la investigación sobre un ejecución extrajudicial en 2020.
La organización internacional busca recaudar fondos para continuar la publicación de investigaciones de periodistas amenazados, encarcelados o asesinados.
El comunicado de la Sedena no dio explicación sobre las evidencias que se han acumulado en varios años, y que demuestran que la institución castrense no solo empleó Pegasus hasta 2013, sino que utilizó el spyware durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.
Las evidencias de espionaje desmienten al presidente López Obrador, quien desde su toma de posesión ha asegurado en reiteradas ocasiones que su equipo ya no utiliza el software, ni realiza espionaje, desmarcándose así del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La gran mayoría de estos números remitió a celulares registrados en zonas conflictivas –como Tamaulipas, Jalisco, Guerrero o Michoacán--, pero decenas correspondían a teléfonos de los entonces gobernadores y sus ayudantes, los fiscales de los Estados, defensores de derechos humanos.
Proceso publicó en abril pasado un reportaje sobre las autoridades del sexenio de Enrique Peña Nieto que intervinieron en la construcción de la mal llamada "verdad histórica" sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas.
Los diputados cuestionaron con dureza a los representantes de la empresa israelí sobre su inacción al enterarse de que el programa era utilizado para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos.
El gobierno de España apunta insistentemente a un espionaje externo y como consecuencia presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional, dado que son actuaciones “ilícitas”.
La investigación desencadenó demandas contra la empresa israelí NSO Group y llevó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a pedir un moratorio internacional sobre la venta de tecnologías de espionaje.
Lama Fakih ha monitoreado las “respuestas de crisis” y violaciones de derechos humanos en países como Siria, Israel, Palestina, Grecia, Kazajstán, Etiopía, Líbano, Afganistán y Estados Unidos, algunos de los cuales pudieron ser clientes de NSO Group, señaló la organización.
Citizen Lab reveló que los ataques con Pegasus contra los teléfonos de periodistas de El Faro fueron perpetrados por lo menos entre julio de 2020 y noviembre de 2021, es decir, cuatro meses después de la publicación de Pegasus Project.
NSO Group, desarrolladora del sypware Pegasus, siempre alegó que su programa no podía infectar celulares presentes en Estados Unidos o con un número de Estados Unidos.
La empresa de Silicon Valley demandó a la firma israelí por los ataques cibernéticos perpetrados contra usuarios de sus dispositivos y sistemas operativos iOS.
La investigación internacional Pegasus Project fue galardonada con el Premio a Libertad de Prensa 2021, que otorga la organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF).
