La justicia, a prueba

viernes, 22 de octubre de 2010

MÉXICO, D.F., 22 de octubre (apro).- Una complicada situación enfrentan hoy el Poder Legislativo y la Procuraduría General de la República (PGR). Tienen en su haber dos asuntos por resolver que indignan a la ciudadanía, que dañan a la población y que afecta la vida política del país.

         Se trata del desafuero de un político opositor al gobierno, acusado por la PGR de tener vínculos con el crimen organizado, de ser un gran operador financiero que sabe cómo blanquear dinero ilícito y no sólo eso: que tiene una retorcida mente con capacidad para planear el asesinato de 12 integrantes de la Policía Federal. Es decir, para la PGR, el legislador Julio César Godoy Toscano es un verdadero peligro para México y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, resulta un aprendiz a su lado.

         La posibilidad de que Godoy Toscano sea cabecilla de políticos metidos al narco es tan real como el que nada tenga que ver con carteles de la droga. Su inocencia o culpabilidad la determinará un juez, pero antes de que esto pudiera llegar a ocurrir, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados deberá establecer si las pruebas presentadas en su contra tienen solidez y veracidad como para establecer si procede o no el desafuero, aunque finalmente será el pleno el que lo vote.

         Para que la actuación de la Sección Instructora quede libre de sospechas, deberá probar con hechos y no sólo con “valoraciones” de las pruebas. Y es que al ser dos de sus miembros personajes de la política que en diversos momentos se les ha vinculado, ya sea a sí mismos o a través de familiares, con distintos cárteles de la droga.

          Así, por ejemplo, será sano para la población y la credibilidad de los propios partidos políticos que representan, si solicitan la prueba del polígrafo para saber quién miente: si Godoy Toscano o la PGR; o si las pruebas de identificación de voz en el caso de las 48 grabaciones que tienen en su poder, son de quienes acusa la autoridad judicial y de Godoy Toscano. Podría también demandar la presentación de los testigos protegidos para ver si realmente existen o son parte de una historia de ficción de la autoridad, y finalmente, podrían demandar un careo de estos con el inculpado.

         Sólo a partir de todos estos actos, la Sección Instructora y más que nada los partidos políticos que representan, tendrá fuerza en su resolución final.

         Estos elementos mostrarán si lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados es parte de un montaje, como los que tanto gustan a autoridades federales e, incluso, si los miembros de la Sección Instructora son parte involuntaria de ello, o si realmente el político es culpable y al fin un gobierno ha decidido acabar con el contubernio entre políticos y narcotraficantes.

         Por otra parte, el Poder Legislativo enfrenta ya otro asunto no menos importante e, incluso, más indignante aún: la solicitud de juicio político en contra de Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes.

         Molinar es un político improvisado que lo mismo tiene conocimientos de “política interior”, que de “salud” o de planeación de las vías de comunicación del país. En sus 10 años de “político”, Molinar Horcasitas ha logrado un repudio de gran parte de la población, gracias al desprecio que ha mostrado por la vida de los otros.

         En la Cámara de Diputados ya tiene en su haber tres solicitudes de juicio político por su probable responsabilidad en la muerte de 49 niños y la afectación de por vida de otros 85 luego del incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.

         El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro Saldivar consideró en su ponencia sobre el tema que sí tiene responsabilidad como funcionario público. Sin embargo y luego del cabildeo que funcionarios federales realizaron con los ministros, el pleno lo “exoneró” jurídicamente, mas no políticamente.

         Además de estas demandas de juicio político, Molinar Horcasitas tiene una denuncia penal por el mismo caso. Sin embargo, y a diferencia del actuar de la PGR en el caso de Godoy Toscano, no ha podido actuar de manera expedita. Desde que se le denunció, en septiembre pasado, la PGR “no lo ha podido localizar” para llamarlo a declarar por los hechos que se le imputan.

         Como sea, existen diferencias por la forma en que ha actuado la PGR en ambos casos. Sin embargo, será el Poder Legislativo el que desenredará toda esta maraña de acusaciones.

         Así como la PGR urgió a la Cámara de Diputados a desaforar al diputado Godoy Toscano el mismo día en que se presentó en San Lázaro, el 23 de septiembre de 2010, así de expedita debiera ser la actuación de la PGR para detener y obligar a hacer comparecer a Molinar Horcasitas por el caso ABC.

         Pero la realidad es otra. Mientras en el caso de Godoy Toscano la PGR entrega velozmente 48 grabaciones, averiguaciones previas, declaraciones de testigos protegidos y una y otra orden de aprehensión con voluminosos expedientes a la Cámara de Diputados obligándola a actuar con celeridad, pero con mayor acuciosidad, en el tema de Molinar Horcasitas no sólo no se le ubica en el país –lo que resulta insultante para la población y, sobre todo. para los padres de los menores--, sino que, además, el Poder Legislativo no instala la instancia bicamaral que debiera establecer si se le somete a juicio político o no.

         Ambos hechos surgieron en 2009. Lo de Godoy Toscano tiene su origen en el llamado “michoacanazo” del 26 de mayo, y el caso de Molinar Horcasitas, en el incendio de la guardería ABC,  el 5 de junio de 2009.

         Pero mientras uno camina a gran velocidad, el segundo ni siquiera a arrancado en su proceso legislativo.

         Si los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, los 500 hombres y  mujeres que ganan más de 100 mil pesos mensuales, tienen ética, dignidad y pretendieran ser honestos, darían cause inmediato al caso Molinar Horcasitas, y en paralelo al tema Godoy Toscano, lo resolverían como lo gritan a los cuatro vientos: con imparcialidad, objetividad y sin temor a perder su carrera política.

         El rumbo que tomen ambos casos empezará a ser más claro en enero próximo, cuando los legales empiecen a vencer, en tanto sólo resta seguir demandando que los hombres de poder no sigan impunes.

 

mjcervantes@proceso.com.mx