Partidocracia mexiquense: el abuso desenfrenado

miércoles, 6 de octubre de 2010

MÉXICO, D.F., 6 de octubre (apro).- En los últimos 10 años, ninguna entidad ha invertido en los últimos 10 años tantos recursos para el financiamiento de los partidos políticos y la promoción del voto, como lo ha hecho el estado de México.

La entidad gobernada por Enrique Peña Nieto, que concentra poco más de 10 millones de electores –el padrón electoral más importante del país–, ha aumentado en este tiempo casi en 300% el monto del financiamiento, ignorando las demandas ciudadanas de reducir el financiamiento público a los partidos políticos, ya que en 2009 destinó un total de 693 millones de pesos para que las ocho fuerzas políticas con registro pudieran realizar actividades ordinarias y de campaña.

El partido que más recibió fue el Revolucionario Institucional (PRI), que cuenta con la mayoría en el Congreso y gobierna actualmente 97 de los 125 municipios de la entidad.

El financiamiento a los partidos se aprobó en un año de fuerte crisis económica y en un contexto en el que, a raíz de la reforma electoral del 2007, se realizaron en un mismo día elecciones de gobernador, diputados locales, diputados federales y ayuntamientos.

Hasta antes de esa fecha, el joven electorado mexiquense –en 2005, 28% estaba en un rango de edad de 15 a 29 años–, diverso y muy desigual, estaba constantemente expuesto a procesos electorales, dado que en diferentes fechas se realizaban las elecciones federales, las de diputados, alcaldes y gobernador.

Sin embargo, el cambio no sólo impactó en las cifras de participación ciudadana estatal y nacional, también puso a prueba un modelo de operación electoral en el que con toda impunidad se logró reforzar el clientelismo, la compra y coacción del voto.

El “efecto Estado de México”, aunado a otros fenómenos como el voto nulo y las elecciones coincidentes en otras entidades, logró una participación ciudadana nacional de 44.6%. En esta entidad se registró un histórico 51.2%, que supera largamente el escaso 36.4% de participación registrado en 2003, año en el que sólo se renovaron diputados federales, dado que las elecciones locales se hicieron en otra fecha.

En cuanto al modelo de operación electoral, un ejercicio de observación realizado por Alianza Cívica registró que de 10 entidades monitoreadas, cinco de ellas con elecciones coincidentes, el Estado de México fue el que tuvo más acciones de compra y coacción del voto y más problemas de cultura política clientelar.

Efectivamente, en esta entidad 39.4% de un universo muestral encuestado considera que el voto no es secreto, cifra mucho más alta que el 18% del promedio total del trabajo de observación y el 17% que el PNUD  registró pasadas las elecciones de 2006.

Al preguntar sobre el tipo de prácticas que realizaban los partidos políticos días antes de la elección y aun en la fecha de la jornada electoral, además de amenazas registradas a observadores electorales, se detectó que fueron los municipios mexiquenses los que más irregularidades presentaron.

Los casos más alarmantes de una  muestra de 23 distritos electorales federales fueron los de Toluca y Valle de Chalco Solidaridad, donde 42% de la población encuestada en el primer caso y 57% en el segundo estuvo expuesta al menos a una práctica de compra y coacción del voto.

Entre esas prácticas destacó el cambio de voto por despensas, la compra directa del sufragio, la intervención del magisterio en la promoción del voto a favor de un partido, la violación de la secrecía y la compra o uso de las credenciales electorales para coaccionar al votante.

La realidad expuesta preocupa sobremanera y, además, anuncia lo que puede suceder en el futuro si este modelo de “operación electoral” se reproduce a gran escala.

La aprobación del financiamiento público a los partidos políticos sin contrapesos efectivos, sin freno posible y, sobre todo, sin una fiscalización expedita,  genera y refuerza una cultura clientelar que es muy onerosa no sólo en términos de costo económico, sino también en términos de costo ciudadano.

El dilema de la compra y coacción del voto no puede ser combatido sin enfrentar el problema cultural del clientelismo político, y el modelo del Estado de México asusta, si se reproduce, e invita a una intervención urgente que evite el creciente abuso y el desenfreno partidista.

 

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