MÉXICO, D.F., 1 de noviembre (Proceso).- El miércoles 13 de octubre fue secuestrado (o por lo menos a partir de ese día su familia carece de noticias sobre él) Guadalupe Antonio Guzmán Delgado. Una semana más tarde, el jueves 21, fue también privado de su libertad Mario González Rodríguez.

De él sí se sabe. El lunes y el miércoles siguientes se le ha podido ver en escenas donde se evidencian sin ambages las condiciones de amago en que sus captores lo mantienen. 

Guzmán Delgado es guardaespaldas, o escolta de una familia adinerada en Ciudad Juárez. Hace 22 años realiza esa labor, o sea que está en las proximidades de la inseguridad desde mucho tiempo atrás que la violencia señoreara a esa infortunada población. Es un hombre de orden, que nunca falta a su casa, por lo que su esposa y el resto de la familia lo echaron de menos la misma noche de su desaparición. 

A diferencia de la familia de Mario González, que el viernes 22 recibió una llamada para pedir medio millón de pesos por la libertad del secuestrado, la de Guzmán Delgado no ha recibido señales de quienes se lo llevaron, y menos aún de él, pues su teléfono celular dejó de funcionar horas después de que avisó que tendría que viajar a Chihuahua, por lo que llegaría tarde a su domicilio.

Ante semejante silencio, la familia de Guzmán Delgado escribió a los captores del guardia una carta donde explican que no es un agente de policía, por lo que acaso haya una confusión al hacerle daño, y que siendo un hombre de bien y de familia demandan su libertad. Enviaron el recado a los medios de información juarenses para que lo hicieran llegar a quienes se llevaron a Guzmán. Por lo menos El Diario lo incluyó en sus páginas el miércoles pasado, al cumplirse dos semanas de la desaparición. Y lo difundió también La polaka, un sitio de internet dirigido por Jorge Luis Aguirre, que vive en El Paso, tras haber obtenido asilo político hace apenas un mes. Y en este punto se unen los dos secuestros, probablemente desligados entre sí.

Aguirre se marchó de Ciudad Juárez hace ya cerca de dos años, amenazado de muerte. Relató en su momento, y su narración fue creíble para el Departamento de Estado, que era un perseguido político, pues autoridades le habían anunciado una agresión mortal. Lo decidió a cruzar la frontera un llamado telefónico recibido el día en que acudía al sepelio de Armando Rodríguez Carreón, conocido como El Chuco, reportero de El Diario, asesinado el 8 de noviembre de 2008. Se le avisó que el siguiente sería él. Desde El Paso ha seguido haciendo La polaka, donde insertó un video truculento que, sin embargo, avala el periodista asilado.

El video muestra al secuestrado Mario González en el centro de una escena en que lo rodean hombres armados, vestidos con uniformes de camuflaje y el rostro cubierto, de modo que parecen  miembros de un cuerpo de asalto o guerrilleros. Son en realidad sicarios de una banda delictuosa que pretenden hacer una denuncia formidable.

En la primera emisión del video, colocado en YouTube durante unas horas y rescatado de allí por La polaka, González lanza acusaciones contra diferentes personas, pero sobre todo contra la exfiscal general de Chihuahua, la exprocuradora Patricia González, a la que, como quien no quiere la cosa, identifica como su hermana. Lo es, en efecto, y se percibe de inmediato que el objeto de secuestrarlo es hacerlo aparecer como denunciante de atrocidades cometidas por su familiar, u ordenadas por ella, o consentidas por la funcionaria. En ese primer tramo del video, y sobre todo en el segundo, la denuncia se extiende al exgobernador José Reyes Baeza Terrazas, quien hace menos de un mes dejó el cargo, y a un general, comandante de la zona militar.

La sola circunstancia de que González produzca su información rodeado de los individuos armados que lo secuestraron resta credibilidad a su dicho, que obviamente no es suyo, sino de los secuestradores. El formato elegido para la denuncia, además, confirma que se trata de una impostura: González recita de corrido respuestas pletóricas de información que no ha estado en condiciones de poseer y que acaso figuran en un teleprompter.

Aguirre, el periodista asilado, sin embargo, sí concede crédito a la confesión de González (confesión porque también se incrimina). Y revela que la propia procuradora lo amenazó. Y asegura que las declaraciones hechas por su hermano son verdades sabidas que todo el mundo conocía en Juárez, pero nadie se atrevía a expresar.

La principal afectada, la exfiscal, niega rotundamente que haya veracidad en lo dicho por su hermano, al que disculpa por entender que obra bajo presión irresistible. Se ha declarado dispuesta a canjear su libertad y aun su vida por la de su hermano, al que pone al margen de su ejercicio al frente del Ministerio Público. Asegura que él, siendo abogado, en los seis años del gobierno de Baeza Terrazas se dedicó a litigar en materia civil y laboral, para no entrar en los terrenos del derecho penal en que su hermana tenía un papel protagónico.

La exprocuradora cree saber que se trata de una conjura en su contra, y en contra del gobernador con el cual colaboró. Identificó el lugar donde se grabó el interrogatorio a su hermano, que sería una oficina del Ministerio Público recién construida bajo su propia supervisión (pues serviría para el desarrollo del nuevo sistema de procesamiento penal, que incluye los juicios orales). Y cree saber también quién organizó el secuestro de su hermano y lo mantiene desaparecido. Y va más allá, al decir que el Ejército sabe también de quién se trata.

La delincuencia organizada ha trastocado tan profundamente la vida institucional y aun la cotidiana en los lugares que domina, que ha roto la escasa credibilidad que las autoridades deben conservar. No nos asombraría que lo dicho fuera cierto. Pero son tan minuciosas las acusaciones formuladas por Mario González que se delatan a sí mismas como parte de un guión, en cuyo desahogo el interrogado nunca vacila, nunca pide aclaraciones, nunca dice ignorar el punto de que se trata. Para todo tiene respuesta, aunque por lo menos una implicó un desliz de quien preparó la acusación: atribuye el asesinato del reportero de El Diario a un comandante de policía al que la procuradora habría ordenado el crimen. Pero habrán sido órdenes recibidas en ultratumba, pues el implicado murió meses antes que su presunta víctima.

Siendo imposible determinar cuánto de lo dicho por el secuestrado es verdad, lo único que queda claro es el imbricamiento de autoridades de diversos niveles y materias en la gestación y encubrimiento de la violencia en Juárez. Violencia que no cesa aunque su presunta auspiciadora, Patricia González, haya dejado su cargo. Después del 3 de octubre en que volvió a la vida privada, y a la zozobra, fueron asesinados 15 jóvenes en una fiesta de cumpleaños en un barrio popular, y al menos cinco mujeres cayeron ultimadas en un autobús que transportaba personal de la industria maquiladora.  l