Migración, la cloaca

domingo, 7 de noviembre de 2010

MÉXICO, D.F., 5 de noviembre (apro).- El horror cotidiano de la violencia del narcotráfico y del reiterado discurso de muerte desde la Presidencia de la República, impide ver otras tragedias que ocurren en distintos puntos del país y en las que también están involucradas autoridades mexicanas.
    Cada día, cientos de extranjeros que pasan por nuestro territorio en su camino hacia Estados Unidos acaban por convertirse en una de las partes más vulnerables en el desmoronamiento institucional de México.
    Cuando se habla de inmigrantes extranjeros que transitan por nuestro país, la referencia inmediata son los ciudadanos centroamericanos.
    Pero basta con revisar los dudosos registros públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) para constatar que día a día cientos de cubanos, ecuatorianos, chinos, indios, iraquíes y africanos, entre otros, son detenidos en las estaciones migratorias que se han abierto prácticamente en todo el país por presión de Estados Unidos para que México le cuide la frontera.     
    A diferencia de lo que ocurría hace algunos años con el fenómeno migratorio conocido como el de los polleros, ahora el país es un ejemplo mundial de cómo la migración es, incluso, más que un problema de tráfico de personas.
    Para las autoridades mexicanas, según las recientes declaraciones del nuevo comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, lo que ocurre con los migrantes es ajeno al Estado mexicano.
    En vísperas del Foro Mundial de Migración, de Puerto Vallarta, Jalisco, el comisionado antepuso la obviedad y la simpleza con la que el gobierno mexicano quiere hacer ver el problema.
    El funcionario repitió lo que desde hace años se sabe en todo el mundo: que el tráfico de personas es una expresión más de la delincuencia organizada y la segunda actividad delictiva más lucrativa después del tráfico de drogas.
    Menuda posición del funcionario encargado de una de las instituciones que en México, precisamente, es parte del problema.
    La delincuencia organizada no se explica sin la protección oficial. Esa colaboración es uno de sus componentes. Pero en México va más allá de eso: es la descomposición del Estado.
    En el mejor de los casos, empleados que son pagados con dinero de los mexicanos en el INM sirven a la delincuencia organizada a cambio de jugosos pagos que salen del robo y extorsión de los migrantes detenidos y secuestrados.
    En el peor, son en sí mismos delincuencia organizada.
    Ahí se inicia la falla del Estado mexicano. Sigue con la impunidad cuando la PGR, como en tantos temas, se desentiende de sus funciones de fiscalía y nada investiga.
    De esa manera, el Poder Judicial tiene todo el espacio para quedar como mero observador, aunque ante sus ojos y los de todo el mundo ocurran tragedias como la de los 72 migrantes de San Fernando, en Tamaulipas.
    Y el Congreso, irresponsablemente omiso. No sólo por las iniciativas sobre migración acumuladas durante la última década, sino porque a hecho ojos ciegos a las discrecionales circulares con la que opera el INM que rebasan incluso a la Ley General de Población y que abren los anchos  caminos de la corrupción.        
    Cualquiera de los Estados que se sienten agraviados por lo que ocurre con sus nacionales cuando pasan por México, podrían con facilidad enderezar y ganar un juicio internacional contra el Estado mexicano por la indolencia de sus tres poderes ante la tragedia humanitaria que está propiciando el debilitamiento del Estado en México. jcarrasco@proceso.com.mx