Legisladores irresponsables

jueves, 9 de diciembre de 2010

MÉXICO, D.F., 9 de diciembre.- La falta de tres consejeros electorales, por la irresponsabilidad de los diputados que decidieron demorar la designación indefinidamente, puede tener graves consecuencias para la vida electoral de Guerrero y Baja California Sur, donde hoy están en marcha las campañas para definir a los próximos gobernadores. Si la demora se prolonga, las consecuencias pueden extenderse a Coahuila, el Estado de México, Hidalgo y Nayarit, cuyos respectivos procesos inician el próximo año.

Más allá del impacto en el desarrollo de las actividades ordinarias del Instituto Federal Electoral, entre otras razones por los límites que los mismos legisladores establecieron en la reforma de 2008 respecto a la integración de las comisiones permanentes y la participación de los consejeros en las mismas, el mayor riesgo se cierne sobre los procesos que ya están en marcha, en los cuales el Consejo General del IFE tiene que resolver directamente todos los asuntos vinculados con la radio y la televisión.

Los seis miembros del consejo con derecho a voto (cinco consejeros electorales y el consejero presidente), cuyos nombramientos permanecen vigentes conforme a la Constitución y la ley, ya tomaron las medidas pertinentes para asegurar el funcionamiento de las comisiones permanentes (incluyendo el Comité de Radio y Televisión y la Comisión de Quejas y Denuncias), pero nada pueden hacer para garantizar que el Consejo General desahogue oportunamente los proyectos de dictamen y resoluciones que se les presenten en relación con los procesos electorales estatales.

El principal obstáculo para ello estriba en la posibilidad de un empate en la votación de las resoluciones, como reiteradamente ha ocurrido en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tras el deceso de José de Jesús Gudiño se quedó únicamente con cuatro integrantes, por lo cual entre el 19 de septiembre y el 29 de noviembre no se pudieron resolver 15 asuntos “por no estar integrada la Sala”, como señaló el ministro presidente de la misma, Arturo Zaldívar. En el caso de la SCJN, hasta el momento no hay casos de empate en el pleno, donde el número de ministros también es par: 10.

En el caso del Consejo General del IFE, el riesgo se presenta porque los votos son únicamente seis y, de acuerdo con una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso de las resoluciones de quejas no están permitidas las abstenciones, por lo cual todos los miembros tendrán que emitir su aprobación o rechazo a las resoluciones y eso puede traducirse en un empate de tres y tres, con lo cual se haría nugatorio el llamado Procedimiento Especial Sancionatorio, que precisamente pretende resolver expeditamente: en menos de cinco días naturales a partir de la interposición de la queja.

De acuerdo con el artículo 368 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), “cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión durante la realización de los procesos electorales de las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto Federal Electoral.” Por ello, la única autoridad que puede resolver en primera instancia estos asuntos es el Consejo General del IFE. 

El pasado 24 de noviembre dicho consejo aprobó un acuerdo “para efectos de que los consejeros electorales integren provisionalmente hasta cuatro comisiones permanentes”, lo que va contra lo establecido en el artículo 116 del Cofipe, el cual señala: “Los consejeros electorales podrán participar hasta en dos de las comisiones antes mencionadas…”. 

Así resolvió también el consejo la integración de la Comisión de Quejas y Denuncias, donde únicamente permanecía su presidente, Marco Antonio Baños. Sin embargo, sus integrantes no tienen forma de resolver un caso de empate en el Consejo General del IFE. Con esta decisión la mencionada comisión podrá tomar medidas cautelares, como es el retiro de propaganda en radio y televisión, que se considere contraria a la normatividad vigente; pero eventualmente no podrá resolver el fondo del problema, pues puede empatarse la votación en el Consejo General.

El riesgo es grande, pues en la primera semana de campañas electorales en Guerrero los partidos políticos interpusieron 74 quejas ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, según declaró a la prensa local el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias de dicha institución, Arturo Pacheco Bedolla. Él mismo anticipó que al menos una de las quejas “la vamos a reenviar al IFE para que ellos la atiendan”, pues está relacionada con una entrevista que televisiva que le realizaron al candidato priista a la gubernatura, Manuel Añorve. Desde el 10 de noviembre, cuando el consejero hizo la afirmación, hasta el día de hoy seguramente se acumularon más quejas, algunas relacionadas con la propaganda difundida en radio y televisión.

Un empate en la votación de una resolución deja la queja en la congeladora, pues no hay posibilidad de acudir al Tribunal Electoral, la segunda instancia; simplemente no se resuelve, con el consiguiente impacto para el proceso electoral en dichas entidades, lo cual puede traducirse en la persistencia de medidas cautelares (eventualmente la suspensión de algunos spots en radio y televisión) que perjudique a alguno de los contendientes, pues se les impide transmitir mensajes que eventualmente sí cumplan con la normatividad electoral; pero también puede prolongar indefinidamente (quizá toda la campaña, por lo que se avecina) la transmisión de mensajes violatorios de la norma, si la comisión rechaza las medidas cautelares, aunque dicha decisión sí puede impugnarse ante el TEPJF. El otro problema radica en establecer la sanción por dichas conductas.

El otro proceso electoral que esta situación puede afectar es el presidencial del año 2012, pues llevada al extremo –ya que algunos legisladores expresaron que su tiempo límite era el inicio del proceso electoral de 2012, y al menos inicialmente estuvo de acuerdo con eso el consejero electoral Marco Antonio Baños– los diputados podrían diferir la designación de los tres nuevos consejeros electorales hasta octubre del próximo año, con lo cual se acorta en 11 meses el periodo entre la toma de protesta de los nuevos integrantes y la celebración de la jornada electoral.

Acertadamente, en la reforma constitucional de 2007 los legisladores alargaron la gestión de los consejeros electorales a nueve años y establecieron que las renovaciones se realizarían en octubre del año siguiente de la elección, con lo cual los nuevos integrantes se incorporan un año antes del inicio del proceso electoral y 20 meses antes de la celebración de la jornada electoral. Ahora, con su tardanza los diputados cancelan esta posibilidad, que no sólo afectará en esta ocasión, sino también en las sucesivas designaciones, una vez que ellos cumplan con su ejercicio de nueve años.

Así, el incumplimiento de los plazos establecidos en el inciso “c” del artículo 4 transitorio de la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007 sí tiene consecuencias sobre la operación del Instituto Federal Electoral y, eventualmente, puede impactar negativamente el desarrollo de importantes procesos electorales estatales, como los que ya están en marcha en Guerrero y Baja California Sur; e incluso la elección presidencial de 2012. 

 

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