MÉXICO, D.F., 3 de marzo.- En un reciente estudio de la UNESCO, La educación bajo ataque, se reporta que, a partir de 2007, se han incrementado los casos de violencia en las escuelas, sobre todo en regiones donde se libra alguna guerra, como Afganistán, Colombia, Irak, Nepal, Tailandia y los Territorios Palestinos Autónomos. Pero en la lista de países con grandes indicadores de violencia en las escuelas tendrán que agregar ahora a México. Dicho reporte (Brendan O’Malley. Education Under Attack, 2010, a Global Study on Targeted Political and Military Violence Against Education) toma como indicadores el reclutamiento forzado de niños, la violencia sexual contra niñas estudiantes y maestras, la destrucción de infraestructura educativa, el asesinato de líderes sindicales de docentes, la persecución de académicos, los arrestos indiscriminados, las amenazas de muerte, los secuestros, la ocupación de instalaciones escolares o las balaceras alrededor de los planteles. Todo lo cual está generando daños estructurales, físicos, psicológicos, sociales, educativos y culturales muy graves, y también restricciones severas a la libertad académica, al derecho a la educación, a la estabilidad, al desarrollo y a la democracia. Sin embargo, en la versión actual del estudio sólo se registran algunos casos de México: maestros amenazados si no pagaban un “bono de Navidad”, escuelas evacuadas o cerradas durante más de tres semanas por otros amagos en Ciudad Juárez, durante 2008, o la suspensión de clases en la región triqui en 2009 debido a rondines de bandas armadas y disparos de grupos paramilitares alrededor de escuelas primarias y secundarias. El hecho es que la violencia en las escuelas mexicanas no sólo se ha agravado, sino también generalizado. En un estudio realizado en 2008 por la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal y la Universidad Intercontinental se encontró que más de 70% de los alumnos de escuelas de educación básica participan en prácticas de acoso físico y psicológico (bullying). Estas prácticas, que se han extendido a todo el país, se suman a las otras formas de violencia que se ejerce fuera y dentro de las instalaciones escolares, sobre todo la que está creciendo alrededor de los grupos relacionados con el narcotráfico, que es la más grave. Este tipo descarnado de violencia ya es parte de la vida escolar cotidiana en muchos estados y ciudades. Se trata de un problema nuevo que no está siendo debidamente comprendido ni enfrentado por parte de las autoridades federales o locales de la SEP, ni por los directores y maestros de los planteles, ya no digamos por parte de quienes la sufren: los estudiantes y los padres de familia. De acuerdo con datos de la SEP, mil 200 escuelas tienen que enfrentar de forma cotidiana la narcoviolencia, pues en el interior de las mismas se reproducen los esquemas de los narcotraficantes: extorsiones, pandillerismo o venta de drogas. Asimismo, se han identificado 27 mil planteles de educación básica cuyas labores académicas han sido afectadas por grupos delictivos. Y se calcula que una de cada 10 escuelas del país experimenta una o varias formas de violencia cotidiana. Sólo en Ciudad Juárez –donde se afirma que 60% de los jóvenes de 12 a 15 años no estudia ni trabaja–, 70% de las escuelas reportan problemas de violencia, narcomenudeo o prostitución, y miles de alumnos de preescolar, primaria y secundaria se han visto severamente perjudicados en sus procesos formativos. En la ciudad de Reynosa, donde ocurren frecuentes balaceras en las inmediaciones de los planteles, las llamadas telefónicas de los alumnos a sus padres, o los anuncios de las autoridades de que, por ese motivo, las clases se han suspendido en una o varias escuelas, han ocasionado este año frecuentes interrupciones laborales en las maquiladoras de la localidad. Ahora que se ha considerado a Ciudad Juárez como territorio devastado y de urgente atención (como si fuera éste el único lugar en tales condiciones), la respuesta de las principales autoridades de la SEP –in situ y a la carrera– fue que la violencia extendida se debe a “la manera como los muchachos se hacen cargo del entorno” (subsecretario Fernando González), o como lo analizó con similar profundidad el secretario Lujambio: siempre hay que distinguir entre “la expresión lúdica, la expresión de procesamiento del entorno psicológico y el auténtico vandalismo”. (El Universal, 22 de febrero.) Ya lo había señalado el relator para Educación de la Organización de las Naciones Unidas, en su gira de trabajo en México: “La educación no puede resolver lo que los políticos no han querido atender” (El Universal, 10 de febrero). Porque, efectivamente, con las sesudas interpretaciones de lo que ocurre en Ciudad Juárez y a lo largo y ancho del territorio nacional, no se podrá enfrentar la creciente violencia que se está arraigando en las escuelas. Tampoco con la generalización del programa, bastante superficial, denominado “Escuela Segura”, porque se concentra sólo en el otorgamiento de escasos recursos, acompañados de acciones remediales, en escuelas evidentemente inseguras. La violencia proviene de causas estructurales: ignorancia, pobreza y  desprecio a la inclusión de todos a la educación, acompañada de una visión manipuladora del sentido y de los efectos de lo educativo. (¿Alguien cree que las cúpulas de la SEP y del SNTE pueden enseñar algo con sus ejemplos?) Proviene también de los mensajes de violencia que atiborran las transmisiones de televisión, y que se imitan en la familia, en la calle, los anuncios publicitarios, los videos y los juegos de computadora, que van formando un currículum vivido que cada día domina más que el irrelevante currículum de la escolaridad.