Verbalismo defensivo

lunes, 3 de mayo de 2010

MÉXICO, D.F., 3 de mayo.- Los  ánimos se han encendido, con razón. La ley SB 1070 aprobada por la gobernadora de Arizona consolida tendencias hacia la intolerancia, el racismo,  la irracionalidad. Es el triunfo de la extrema derecha. Dicha ley abre la posibilidad de que, por el color de la piel,  la policía interrogue a quien es “razonablemente sospechoso”, lo detenga, lo mande a la cárcel o lo deporte. 

Así han comenzado las historias más trágicas de violación masiva a los derechos humanos, así se construyen los odios raciales que tanto se ha batallado para ponerles fin. 

La solidaridad de la “otra América”, la que defiende la pluralidad, los valores democráticos, el antirracismo, la confianza en las grandes aportaciones que los inmigrantes han dado a la cultura y la economía de los Estados Unidos, se ha hecho sentir de inmediato. Allí están todos los grupos que han salido a la calle a denunciar la inconstitucionalidad de esta ley, los que preparan ya las demandas que conduzcan a su abolición, los periodistas que, como el cronista deportivo de The Nation, boicotearán las noticias sobre equipos de un estado racista, los empresarios que han suspendido la convención que  iban a celebrar en Arizona. 

Más allá de la indignación y la voluntad de sumarse a quienes repudian esta ley, se impone la reflexión. ¿Cuáles serán los efectos inmediatos para una  reforma migratoria? ¿Cómo afectará el conjunto de la relación México Estados Unidos? 

La consecuencia inmediata ha sido elevar la prioridad del tema de la inmigración en la agenda demócrata, tanto en la Casa Blanca como en el Congreso. La ley aprobada en Arizona ha obligado a tomar conciencia del riesgo que se corre al no tomar una acción a nivel federal. Por ello, el senador Harry Reid, líder de la mayoría demócrata, se apresuró a declarar que la reforma migratoria tomaba prioridad sobre otro tema tan difícil como es la iniciativa de ley sobre energía y cambio climático. 

Sin embargo, pronto se vio obligado a dar marcha atrás. Se sabe bien que la reforma migratoria requiere apoyo bipartidista para tener viabilidad.

Se ha puesto de manifiesto que ni demócratas ni republicanos gozan de consenso dentro de sus bases electorales para abordar este tema. Ellas se encuentran divididas: unas han aplaudido la SB 1070, otras la han criticado; unas expresan el sentir xenófobo de las comunidades blancas de Arizona, otras son muy conscientes del valor de la mano de obra barata y altamente trabajadora de los migrantes indocumentados; unas viven en comunidades  donde el voto hispano es crecientemente importante para obtener el triunfo, otras viven en comunidades ultraconservadoras que rechazan la mera presencia de trabajadores extranjeros. 

Ante tales divisiones, es necesario construir cuidadosamente los compromisos que puedan conducir a la esperada reforma migratoria integral. Desde luego, a unos cuantos meses de las elecciones intermedias, no es el momento. De insistir, se corre el riesgo de empantanar otra vez el tema o de llegar a un texto cuyo contenido sea muy deficiente. 

La ley SB 1070 llega en muy mal momento para definir el ambiente general de la relación México-Estados Unidos. Felipe Calderón visitará Washington dentro de pocas semanas; la primera visita de Estado bajo la administración de Barack Obama. Será una visita muy significativa por el giro hacia la profundización de las relaciones en materia de seguridad que está ocurriendo, por la importancia que el futuro de la economía estadunidense tiene para la recuperación económica de México y por el momento político interno en el cual, al igual que en Estados Unidos, las necesidades de la contienda electoral pueden condicionar el estilo y las decisiones que se adopten. 

Por esto último, existirá la tentación de centrar el discurso en reclamar por el agravio a trabajadores mexicanos derivados de la SB 1070. Será desafortunado si ocurre así. Expresar la indignación es comprensible pero protestar por esa ley, por la venta de armas o por el consumo de drogas, no hace las veces de una política.

México tendría que apuntar con mayor precisión, por ejemplo, el camino a seguir para obstaculizar la aplicación de la mencionada ley. Como lo ha señalado acertadamente Jorge Bustamante (Reforma 28/04) debería  centrarse en el carácter anticonstitucional  de la misma y llevar el caso a tribunales internacionales. Esto colocaría la respuesta en una dimensión más eficiente y al mismo tiempo más acotada. 

Durante la próxima visita se deben dejar mensajes claros respecto a dos temas que, junto con la migración, forman el meollo de las relaciones México-Estados Unidos: los acuerdos en materia de seguridad y la inserción de nuestro país en el relanzamiento de la economía de América del Norte. 

No se puede olvidar la nueva dimensión de las relaciones en materia de seguridad que tuvo una clara expresión en la delegación de altísimo nivel que llegó a México hace poco tiempo. La llamada Iniciativa Mérida II no importa tanto por el equipo que enviarán o no. Lo importante son los avances para abrir mayor espacio a los militares estadunidenses en la formulación  de estrategias y  puesta en marcha de operativos para combatir el crimen organizado en México. Responder a esos avances es parte de los retos sustantivos para México durante el diálogo que se llevará a cabo en Washington. 

De otra parte, es urgente identificar la posible participación de México en las nuevas metas económicas, como elevar la capacidad exportadora de Estados Unidos, lo cual requiere de la participación de empresas establecidas en nuestro país. 

Encontrar el equilibrio entre las protestas y los arreglos, sustituir el verbalismo defensivo por medidas eficientes, es el dilema de una política que, hasta ahora, no da señales de tomar forma.

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