Narcodólares y bancos, la simbiosis

viernes, 4 de junio de 2010

MÉXICO, DF, 4 de junio (apro).- Estados Unidos concluyó recientemente que, debido al consumo de droga de sus habitantes, ese ilícito les reditúa a los cárteles mexicanos unos 29 mil millones de dólares y, de ese total, al menos la mitad se lava en el sistema nacional bancario.

         Sin especificar cuáles bancos, el llamado Estudio Binacional de Bienes Ilícitos considera que unos 14 mil 500 millones de dólares circulan anualmente en las 40 instituciones de crédito que hay en el país.

Si la investigación la llevaron a cabo autoridades estadunidenses y mexicanas, se esperaría que el gobierno de México ya revisara con lupa las transacciones bancarias que se realizan sobre todo en instituciones tan grandes como Banamex, Bancomer y HSBC, por cierto todos ellas filiales de casas matrices en Estados Unidos, Inglaterra y Hong Kong.

         El día que se dio a conocer el estudio, el miércoles anterior, el secretario adjunto para Investigación de Migración y Aduanas, John T. Morton, dijo que “cierta información obtenida indica que más de la mitad del dinero llega a entidades financieras por conducto de las organizaciones criminales, y otra información apunta a que sólo es un cuarto del numerario”.

         A su vez, el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual  comentó que entre 70 y 80% de las ganancias obtenidas por la venta de droga al menudeo en la nación vecina ingresan a México.

         Las aseveraciones de los funcionarios estadunidenses obligaron al presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Ignacio Deschamps, a admitir que, efectivamente, cientos de millones de dólares ingresan al sistema financiero mexicano pero, acotó, lo hacen “de manera lícita”.

         Aclaró que ello es así “porque muchos de los bienes y servicios en la economía se pueden vender en dólares. Las empresas, de manera legal, lo pueden depositar en sus cuentas en el sistema financiero mexicano”.

         Sin embargo, el dirigente de los banqueros debería también reconocer que precisamente detrás de esas prácticas lícitas es como se consuma el “lavado de dinero”.

         Es cierto que los funcionarios bancarios no son autoridad judicial para detectar “dólares sucios”, pero por su experiencia y conocimiento del proceso de lavado de dinero, debieran dar aviso a las autoridades cuando existen sospechas sobre determinados movimientos financieros.

         Lo que sucede es que difícilmente los bancos harán tales denuncias, ya que hacerlo implicaría su ruina. Y es que gran parte del capital que circula en la economía nacional proviene justamente de actividades ilícitas que arriban a los bancos después de un proceso de blanqueo.

         Un dato que podría ejemplificar la omisión en que incurren los bancos es lo ocurrido en la llamada Operación Casablanca, revelada en 1998.

         Como se recordará, durante tres años la oficina antidrogas estadunidense (DEA) llevó a cabo una investigación a diverso bancos mexicanos por lavado de dinero.

El resultado culminó con la detención de 22 funcionarios de 12 bancos mexicanos, el decomiso de 157 millones de dólares y la acusación formal contra tres instituciones financieras: Bancomer (BBVA), Banca Serfín (Santander)  y Confía (Citybank).

         En las conclusiones de la investigación se destaca que “Bancomer, Serfín y Confía alentaron el lavado de dinero sucio, aparte que funcionaros de alto nivel utilizaron sistemáticamente varias sucursales en Estados Unidos, México e Islas Caimán para actividades ilícitas”.

         El entonces presidente de la ABM, Carlos Gómez y Gómez, dijo que los banqueros desconocían los hechos pero que estarían dispuestos a cooperar con las autoridades estadunidense.

José Ángel Gurría, a la sazón secretario de Hacienda, declaró por su parte que el gobierno mexicano cooperaría en la investigación e iría “hasta las últimas consecuencias”.

         Nada de ello ocurrió, pero no sólo eso, en el juicio que se realizaba en Los Ángeles, California, contra esos tres bancos (Bancomer, Santander y Citibank), éstos llegaron a “un acuerdo” en donde cada uno aceptó pagar una multa de 500 mil dólares; además, el primero aceptó la confiscación de 16 millones de dólares de sus depósitos; Serfín, el decomiso de 9.6 millones y Confía, 12 millones de dólares.

         El objetivo último de los bancos fue evitar que el resultado del juicio fuera el perder sus licencias para operar en Estados Unidos.

         La nación vecina aceptó el arregló aun cuando pudo haberse negado y, con las pruebas que tenía en su poder, suspender las licencias. Claro que lo anterior implicaría que también el sistema bancario estadunidense dejara de recibir los millonarios recursos del crimen organizado.

         Si eso ocurrió cuando estaba en marcha un nuevo proceso de privatización bancaria, ¿qué será ahora cuando casi la totalidad de esas instituciones se encuentran en manos de extranjeros y sometidas a los esquemas de globalización financiera?

         Por todo ello es difícil pensar que ambas naciones, México y Estados Unidos, a pesar de saber cuánto dinero se lava en los bancos, busquen en verdad acabar con esa práctica ilegal. Hacerlo implicaría derrumbar su propio sistema bancario.

 

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