MÉXICO, D.F., 20 de agosto.- La manera como se ha buscado calificar al grupo de jóvenes en condiciones de exclusión social extrema en el país, los “ni-ni”, porque “ni estudian ni trabajan”, es absolutamente equivocada, pues no permite diferenciar los distintos sectores y la diversidad de grupos sociales que se encuentran en una situación de marginalidad para el ejercicio pleno de sus derechos, pero sobre todo porque no propicia la definición del tipo de políticas públicas que deben orientarse para superar o eliminar esta condición.

 Efectivamente, entre el 17 y el 20% de los jóvenes en México (de 15 a 24 años) está fuera de las posibilidades de encontrar empleo o acceso a los estudios de nivel post-secundario. En otros países, las tasas de incorporación a los estudios superiores llegan a alcanzar a más del 80% de ese grupo de edad, y sus posibilidades de empleo son mucho más amplias. En algunas naciones de América Latina las oportunidades de formación para los jóvenes son tres veces mayores que las de aquí.

En todos los casos, la disponibilidad de empleos siempre es superior para los más adultos que para los jóvenes. Entre menos edad se tiene, más se dificulta encontrar un empleo seguro y bien pagado. Como tendencia positiva, a mayor nivel de escolaridad, mejores puestos de trabajo y más altas expectativas de ingresos dignos.

En cambio, la falta de educación y de empleo que padecen los jóvenes mexicanos se traduce en inestabilidad social e incertidumbre legal, así como en ausencia de cobertura en servicios de salud y seguridad social. Esta situación es aún mas grave si dichos jóvenes se encuentran en comunidades indígenas, en colonias periféricas y de hacinamiento urbano, donde debido a la pobreza aumenta la frecuencia de la deserción escolar o desescolarización temprana.

Tres cuartas partes de los jóvenes que viven en comunidades indígenas o rurales tienen que trabajar a edad temprana, y muy pocos pueden acceder a aprendizajes significativos de nivel medio o medio superior, más aún si son mujeres. Lo mismo ocurre ahora con los jóvenes marginados de las grandes o medianas ciudades del país que tienen al alcance alguna escuela más cercana, ya que enfrentan obstáculos inverosímiles para poder continuar con sus estudios, y la sociedad y el sistema educativo no les ofrecen un escenario que los ayude a salir adelante a nivel personal o familiar. Lo que se les enseña es insustancial y obsoleto, y una beca efímera y muchos discursos electorales tampoco les solucionan nada.

 Aunque a menudo se les califica de forma degradante (“vagos”, “delincuentes”, “drogadictos”, “buenos para nada”, etcétera), no se trata de una población que no quiera estudiar o trabajar, sino de gente con intereses culturales, educativos, económicos y sociales diferenciados. Ahora se les dice los “ni-ni” porque no tienen acceso al mercado educativo, aunque sea público, ni al trabajo y al consumo. 

De los millones de mexicanos que se encuentran en esta condición, cerca de medio millón ya están metidos en algún grupo organizado para ejercer la ilegalidad. A ellos no se les considera “alguien”, y se les ha dicho “no” durante toda su vida: no al acceso a la educación y a la cultura; no a la inclusión en la sociedad por alguna razón de vestimenta, de color, de lengua o de aspecto; no a su realización personal. No a lo que aspiren o quieran ser.

Es decir, los “ni-ni” sólo existen a causa de los “no-no”.