Berrinche del obispo y silencio de la Segob

martes, 24 de agosto de 2010

MÉXICO, D.F., 24 de agosto.- ¿Qué significa que  personas que poseen un alto capital cultural por sus cargos eclesiásticos violen la ley y recurran al insulto antes que a la controversia razonada? Mi hipótesis es que están totalmente condicionados por dos características negativas de la institución a la que representan: arrogancia e ignorancia.

El Vaticano no cree en la autonomía de los ciudadanos y,  por lo tanto, no respeta las decisiones políticas y judiciales que se apartan de sus dogmas. Además, el catolicismo prohíbe y condena el comportamiento sexual y reproductivo que escapa a sus reglas, y  no es casualidad que este ámbito de la existencia sea donde la autonomía personal cobra más sentido. La soberanía sobre el propio cuerpo es, a fin de cuentas, el principio de la libertad. 

Pero para la religión católica la libertad no consiste en que cada quien tenga la posibilidad de discernir lo que le parezca correcto o bueno y luego actuar en consecuencia (usando entre otras cosas su cuerpo), sino que la libertad se reduce a elegir entre las opciones que el Papa en turno declara como buenas o correctas. Por eso un puñado de curas misóginos, que supuestamente no tienen vida sexual ni reproductiva (¡han hecho voto de castidad!), se arrogan el deber de suplantarnos en la toma de decisiones cruciales como son el matrimonio y la formación de una familia.  ¡Híjole!

La Iglesia tiene autoridad moral para guiar las decisiones de quienes voluntariamente se reconocen en sus dogmas. Pero no para intervenir en asuntos públicos que afectan a toda la ciudadanía: México es un Estado laico y no toda la ciudadanía es católica. Además de padecer su constante prédica,  muchos ciudadanos nos sentimos agraviados porque los recientes desplantes eclesiásticos son una ilegalidad y ofenden a la instancia mayor de justicia de la nación, así como a quien hemos elegido para que nos gobierne en la Ciudad de México. Una cosa es que, bajo la garantía de “libertad de creencias”, se permita a la Iglesia ejercer su ministerio, y otra muy distinta  tolerar los berrinches ofensivos, antidemocráticos e ilegales de la jerarquía católica. 

Al principio mencioné dos características negativas de esta institución: arrogancia e ignorancia. Carlos Pereda (en su libro La razón arrogante) señala que la arrogancia es un mecanismo para  defender jerarquías que se consideran indiscutibles. Como expresión del pensamiento cerrado, como desprecio por la razón de los otros, la arrogancia conduce al prejuicio. “Por eso en la arrogancia se conforma uno de los dispositivos más eficaces de inmunización en contra de las reales o posibles interpelaciones del otro. Porque la o el arrogante se consideran demasiado por encima de quienes lo cuestionan para vacilar y ponerse a discutir, a dar razones, a ofrecer argumentos”. Así, la persona arrogante se autoafirma al discriminar lo que no entiende o desconoce. Creo que eso sucedió a estos emisarios del Vaticano: sin argumentos y ciegos de arrogancia, perdieron los estribos. 

La Iglesia católica, que pretende ser maestra de moral y trata de difundir sus creencias en la esfera pública, no puede ponerse al margen de las reglas democráticas, especialmente de la más básica para la convivencia: respetar al adversario. En México miles de personas que viven su religiosidad como fe íntima discrepan de las conductas de muchos funcionarios eclesiásticos y se asquean ante el envilecimiento de algunos. La religión no debe confundirse con los fundamentalismos de derecha, ni con el arcaísmo de sus dogmas, ni con la perversión sexual o las bravuconadas de algunos de sus representantes. 

Los ciudadanos Sandoval Íñiguez y Valdemar ejemplifican la intolerancia católica, que se funda en una manera de concebir la libertad humana y que es incompatible con aquella que se establece en democracia. Y la pregunta que debemos hacernos es si resulta sensato para una sociedad democrática tolerar a los intolerantes. Poner un límite a las barbaridades humanas de la Iglesia católica no es impedir que la gente que comparte sus dogmas se reúna libremente a celebrar sus creencias. 

No debemos engañarnos: El debate de estos días (y el que vendrá en los que siguen) no es entre quienes defienden el derecho de lesbianas y  homosexuales a casarse y formar una familia, y quienes están en contra de ello. Es entre quienes están convencidos de poseer la Verdad e intentan imponerla al conjunto de la población, y quienes, en cambio, creen que todos los seres humanos tenemos la  capacidad de discernir qué tipo de vida queremos llevar. En otras palabras, lo que saca de quicio a Sandoval, Valdemar y sus correligionarios es que el Estado reconozca a los ciudadanos autonomía para tomar sus decisiones. Por eso lo que ahora está en disputa es el lugar de la  Iglesia católica en el espacio público. 

Pero el punto crucial es otro: ¿Va el gobierno a frenar a los funcionarios católicos que intervienen mañosamente en la vida política del país? ¿Cómo va a responder Gobernación a estas ilegales intervenciones de  representantes de otro Estado, que incluso tiene representación diplomática en nuestro país? ¿Se los ignorará  o se los llamará a cuentas mediante la ley? Hasta el momento en que entregué este artículo, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de Gobernación seguía callada.