MÉXICO, DF, 3 de marzo (apro).- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia es un documento de política pública, orientador, incluso didáctico, puesto que explica las distintas modalidades del fenómeno global de la violencia contra las mujeres.

Sin duda, fue un adelanto, pero después de cinco años la violencia contra las mujeres o sigue igual o incluso creció, en número y calidad. La crueldad y lo que se  define como violencia institucional –de autoridades civiles y policíacas–  también ha crecido  y es parte de esta guerra que desató Felipe Calderón.

Decía que cinco años después de la aprobación de la  ley general, y casi inmediatamente (como no había sucedido antes) la promulgación de ordenamientos semejantes en toda la República Mexicana, han sucedido tres cuestiones preocupantes:

a) Que nadie conoce bien a bien esa ley. Incluso las informaciones sobre el tema que hoy nos ocupa dicen: "violencia familiar". Las mujeres y también los hombres desconocen que una disposición  era urgente: dictar medidas de alejamiento para el agresor, o sea prohibir que se acerque a la víctima.

b) Los ministerios públicos, jueces y aun los abogados democráticos y fantásticos no la conocen, no saben que corresponde a previsiones internacionales que tienen entre una década y 35 años; no saben que no pueden seguir defendiendo códigos familiares o leyes civiles antiguas e inoperantes.

c) Las autoridades se niegan a operar acciones como la alerta que debe involucrar a un gobierno a dictar medidas especiales en lugares de alta peligrosidad para la vida y la integridad para las mujeres. A ello se negó, hace muy poco, el gobierno del Estado de México y nadie logró obligarlo, porque además contó con la complicidad de las responsables de los institutos de las mujeres que pertenecen al PRI.

El colmo. Se ha llegado a decir que esa ley no opera porque, en efecto, no tiene medidas punitivas. Es una ley marco y las estatales son una copia casi al carbón. Es decir una ley indicativa, de contenido, muy interesante, pero que burlan todas las autoridades, e incluso nadie sabe dónde está el dinero para hacer un diagnóstico que la Secretaría de Gobernación escondió y no usa.

¿Para que se querían tantas frases, párrafos y golpes de pecho? Hubo largas discusiones si ser mal querida por el hombre con quien una se casa es violencia. Si los diputados no saben leer y escribir, es seguro que tampoco lo saben hacer jueces y abogados, por más cultos o democráticos que sean.

Yo he criticado esa ley porque  no tiene dientes. Es una ley que se contrapone a otras leyes y que en cinco años no consiguió eliminar, por ejemplo, las cuestiones de códigos penales que sólo reconocen "violencia familiar", confundida con el maltrato a niñas y  niños y a las personas mayores.

Y nadie tiene claro que hay una violencia que es contra las mujeres. Los códigos de violencia familiar retardaron 10 años esta comprensión. En el Distrito Federal existe una ley de este tipo, además de la otra, la de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, lo que ha confundido la prevención, el trato y todo.

El colmo: la Ley de Acceso  ni siquiera ha servido para dejar bien claro que hay una violencia concreta contra las mujeres por ser mujeres. Se oscurece todo a su alrededor y se niega un problema realmente existente, que a diario pone en riesgo la vida de muchas mujeres, y otras son francamente asesinadas por esa razón: por ser mujeres. Es claro que no se trata sólo de lo que se reconoce como conflictos dentro de las familias.

De ahí la iniciativa que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el pasado jueves 24.

Seis años en prisión

Se acabaron las contemplaciones y la posibilidad de hacer cambios culturales que detengan a los hombres que por imponerse, por ser autoritarios y simplemente maridos, creen que las mujeres, esposas, amantes, concubinas, hermanas o hijas, son de su propiedad, y si no los obedecen, hay que castigarlas.

Seguramente Alejandra Barrales, presidenta de la ALDF, o la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, así, solitas, una tarde pensaron: bueno, como la Ley de Acceso no opera, por mejor escrita y culta que esté, lo que necesitamos –seguro se dijeron– es que los golpeadores sepan con claridad que golpear a una mujer es un delito y que cualquier persona los puede señalar, cualquier policía detener, y mínimo pisaran la cárcel 48 horas.

Es posible que le asista la razón a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que aprobó por unanimidad –de 39 y no de 66 integrantes– estas modificaciones.

Es posible que se consiga que los vecinos denuncien cuando escuchan diariamente cómo le pega un individuo a su compañera – simplemente por estar de mal humor, por impositivo, por "muy macho" y autoritario–, y si eso es enviado a los ministerios públicos por el vecino, la vecina, la hermana o alguien que no soporte oír que se tortura a una mujer, puede servir, porque se pondrá en ridículo a este señor que tranquilamente hace de las suyas y que su compañera no lo denuncia, o denunciando la situación se ve obligada a retirar esa denuncia por temor social.

Las modificaciones en el Distrito Federal a los códigos Penal y de Procedimientos Penales señalan, por primera vez en la historia, que será de oficio detener a los golpeadores, y si causan daños graves a las mujeres se les abrirá un juicio penal inmediato. Lo de fondo es que no consigan la libertad bajo fianza ni de otra forma, hasta ser juzgados.

Yo creo que estas modificaciones son muy importantes. Durante años las feministas dijimos que no era con la represión como se podría evitar la violencia contra las mujeres, pero que sí debían denunciar. Y en lo que sí estuvimos de acuerdo en penalizar es cuando haya violación, agresión sexual, golpes duros y acoso. 

La timidez histórica para abordar el tema de golpeadores, que, sabemos, son en 67% los “queridos” esposos, condujo a la muerte a muchas mujeres. Es nuestra responsabilidad social no consentir que eso suceda; es nuestra ignorancia supina pensar que  "ellas aceptan" y, peor aún, suponer que las mujeres siguen pensando que si no les pegan, celan, acosan y torturan, no las quieren. Esos tiempos pasaron.

Pero los golpeadores cotidianos no entienden. Ahora podremos denunciarlos, cualquier persona podrá hacerlo. ¡Eureka! Pero ¿las cárceles alcanzarán? ¿Los policías no se echarán para atrás? ¿Los jueces no los declararán inocentes? ¿Sus compañeros de trabajo no harán manifestaciones para defenderlos?

En el feminismo pensábamos denunciar a muchos políticos que golpean a sus esposas; a muchos hombres "importantes" que siembran el miedo para evitar ser denunciados. Al convertirse de oficio esas denuncias en el Distrito Federal, ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas, las amistades de estas mujeres podremos salvarlas. Poner un hasta aquí, porque la famosa ley muy profunda no ha servido.

Lo que sigue es explicar cómo esto sigue pasando: mil 500 denuncias en el Distrito Federal, miles en la República, 18 mujeres asesinadas al día en el país, decenas de acosos y maltratos de otras formas, no sólo de pareja. Eso es absolutamente inaceptable.

Es urgente tomar otras medidas, pero mientras tanto los machos autoritarios en el Distrito Federal no caben más. Si la sociedad los sigue consintiendo y las mujeres dan el perdón, eso será sólo algo transitorio. El paso está dado. No es permisible más violencia contra las mujeres.

Ojalá otros congresos estatales emularan estas medidas. Ojalá hubiera conciencia de la importancia de estos cambios. Muchas mujeres pensamos que había que poner un hasta aquí realmente.

Hay que decir, por último, que una investigación que dio lugar a la ley sin dientes sí encontró con claridad que muchas mujeres que se quejaron de golpes, maltratos y acoso, cuyas parejas no fueron detenidas ni sancionadas, después las asesinaron, de modo que denunciar a los agresores, perseguirlos de oficio, salvará muchas vidas.

saralovera@yahoo.com.mx