Los dilemas de Europa
MÉXICO, D.F., 22 de abril (apro).- Europa se enfrenta a un nuevo problema. El rescate de Portugal, que tendrá que votarse el próximo 16 de mayo, requiere la unanimidad de los gobiernos de la eurozona para ser aprobado.
Pero el resultado de las elecciones finlandesas, con un crecimiento extraordinario de la derecha radical que se opone a que el apoyo a Portugal se apruebe, complica el panorama.
Es posible que la reunión de Ministros de mayo no pueda conseguir la unanimidad y que, en consecuencia, el paquete de apoyo de la Unión Europea no pueda otorgarse. El costo para Portugal sería brutal y el riesgo de que España requiera apoyo crece notablemente.
Las razones del rechazo de la derecha finlandesa, que asombrosamente comparten los socialdemócratas de ese país, se sostienen en dos argumentos. Uno es que quienes tendrían que rescatar a esos gobiernos son quienes les prestaron, es decir, son los bancos quienes tendrían que resolver un problema del que son indudablemente responsables.
El otro argumento es que los contribuyentes del norte de Europa, cuando inició la unión destinaron recursos para que los países de su periferia elevasen sus niveles de vida, haciendo viable la unión económica y la moneda única, y ahora con la crisis de nuevo tienen que destinar recursos para rescatarlos.
En el curso del último año, los grandes bancos internacionales en lugar de hacerse cargo de que si los gobiernos en los que invirtieron tienen dificultades, ellos también las tienen, lo que han hecho es elevar sus exigencias de rendimiento y presionar para que esos gobiernos ajusten sus finanzas, con el fin de que liberen los recursos presupuestales necesarios para que se garantice el pago del capital e intereses. De renegociar el valor de mercado de las obligaciones gubernamentales, ni una palabra. Ellos no están dispuestos a perder un céntimo.
Por eso cuando los funcionarios gubernamentales alemanes han dicho que Grecia tendrá que renegociar su deuda, los bancos han aplicado los mecanismos que mejor conocen: elevar de nuevo el rendimiento, pero no sólo para la deuda griega, sino también el de los otros gobiernos con problemas.
Frente a estas afirmaciones, las autoridades monetarias europeas y el FMI han planteado que nadie considera que Grecia se proponga reunir a sus acreedores para decirles que, como lo hizo hace años el gobierno argentino, sólo puede pagar una parte del valor del capital y a otra tasa de interés. En realidad, justamente esta renegociación entre banqueros acreedores y gobiernos es la que exige la derecha radical finlandesa, el Partido de los Auténticos Finlandeses y la Socialdemocracia.
En los pasados 12 meses los países de la periferia europea, Grecia, Irlanda, Portugal y España, se han enfrentado a una intensa presión de los grandes inversionistas internacionales que han elevado sustancialmente el costo exigido para que les sigan financiando. Esos que constituyen lo que eufemísticamente se llama el mercado, han decidido que los riesgos asociados a la compra de las emisiones de deuda de los gobiernos de esos países han crecido porque las empresas calificadoras globales les han reducido las calificaciones.
Como resultado la deuda se les ha encarecido sustancialmente. En enero de 2010 Grecia colocaba deuda a 10 años al 5.6% anual, cuatro meses después pagaba 12.3%; tras el rescate europeo el costo se redujo hasta llegar al 7.2 y de entonces a la fecha ha fluctuado entre el 10 y el 12%. La evolución del costo de la deuda gubernamental de Irlanda a 10 años ha sido similar: en enero de 2010 su deuda pagaba menos del 5%, llegando a más del 9% al momento de ser rescatados en noviembre pasado y en marzo llegó a poco más del 10%. Lo mismo, aunque en niveles menores, ha ocurrido con Portugal y España.
El dato relevante es que los bancos están ganando con los problemas de estos gobiernos, en tanto que las poblaciones griegas, irlandesas, portuguesas y españolas están siendo castigadas. Así que los finlandeses opositores a la manera en la que los gobiernos de la Unión Europea están gestionando el problema de la deuda soberana tienen razón: los bancos tienen que participar en el rescate y la manera de hacerlo es reconociendo que el valor de su inversión se ha deteriorado. Consecuentemente, no podrían exigir que los gobiernos sigan pagando como si todo estuviera bajo control.
El eurorrechazo se suma a los problemas de la integración europea. Si los finlandeses, en efecto, rechazan el paquete de apoyo financiero a Portugal, inmediatamente los grandes inversionistas castigarán al costo de la deuda de ese país y de los otros de la periferia. De modo que a la eventual decisión opositora a esos rescates que sólo benefician a los bancos tendría que producirse con rapidez una posición de los gobiernos europeos obligando a los bancos a sentarse a negociar el valor de sus activos.
Los escenarios posibles luego de este posible planteo realmente soberano son variados, pero siempre incorporan nuevas dificultades que cuestionan la vigencia de la propia Unión Europea. Los gobiernos europeos, particularmente los de Alemania y Francia, tienen que enfrentarse al dilema de que es más importante: el interés de los bancos, entre los que están los de sus países, o que permanezca una Unión Europea con un proyecto social trascendente.
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