MÉXICO, DF, 25 de abril (apro).- El Gobierno del Distrito Federal que encabeza Marcelo Ebrard estaba obligado a proceder jurídicamente contra las siete personas que interrumpieron groseramente la ceremonia religiosa celebrada en la Catedral Metropolitana, este Domingo de Pascua, y esclarecer si eran militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o si son simples mercenarios al servicio del propio clero.

 Fue evidente que las seis mujeres y el hombre que irrumpieron en el recinto católico durante la homilía no son “loquitos” ni espontáneos enardecidos por un agitador, ni siquiera es creíble que sean parte del grupo que cada domingo se manifiesta --con máscaras de demonio-- fuera de la catedral contra el cardenal Norberto Rivera, porque el montaje --embarazos simulados, uso de altavoz, destrucción de imágenes-- responde a una lógica de violencia que busca enardecer a los fieles y victimizar a la Iglesia.

 La provocación se produjo en un contexto que anticipaba escándalo: No sólo durante la homilía de una misa, de suyo grave, sino en un día de prominente significación para los católicos, la resurrección de Jesús, pero además cuando la mayoría de la población está de asueto y las noticias más relevantes son sólo las relacionadas con la violencia criminal que ya tiene a los mexicanos hasta el copete.

 Y el remate: La declaración de la Arquidiócesis Primada de México de culpar de esos hechos al PRD, el partido que ha forzado a la Secretaría de Gobernación a sancionar, así sea casi de manera simbólica, a un ministro de culto por violar la ley y a quien el Instituto Federal Electoral (IFE) exige otra sanción por violar la Constitución y el Código Electoral.

El individuo en cuestión es Hugo Baldemar Romero Ascensión, quien se hace llamar también Hugo Valdemar (con “v” labiodental o “de vaca”), justamente el vocero del cardenal Rivera Carrera, quien apenas el jueves 21 rechazó esas sanciones y recordó que las irrupciones a la Catedral Metropolitana han quedado impunes.

Al respecto, Valdemar (también autollamado Baldemar) imputó con malicia los hechos a militantes perredistas, entre los que efectivamente suele haber quienes confunden intolerancia con valentía:

“No dudo que sea una respuesta a lo que el señor cardenal dijo el jueves pasado, no lo dudo. Porque veintitantas veces lo han hecho, una más no dudaría. Pero igual yo necesitaría las pruebas para afirmarlo. Me parece que la Iglesia católica nunca nos hemos (sic) ido a meter a una reunión plenaria del PRD para ofenderlos, insultarlos”.

Como este cura no tiene credibilidad por lo menos por ser parte del conflicto ni en esa misma lógica tampoco la tiene el PRD --que rechazó de inmediato que los involucrados sean parte de sus filas--, la autoridad competente para poner en claro los hechos era la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que por salud pública debió proceder al margen de simulaciones e hipocresías.

La PGJDF está dotada de todo el instrumental jurídico y técnico para conocer el móvil de la protesta que trasciende el derecho a la libertad de expresión y establecer las sanciones que correspondan, pero sobre todo esa instancia debió sentar un precedente para quienes tramen una acción análoga y dejar claro, también, que la militancia en un partido o la pertenencia a una iglesia no es sinónimo de impunidad.

Si resultase que el grupo de provocadores forma parte del PRD, este partido deberá asumir por lo menos las consecuencias políticas de esos hechos, pero si el cardenal Rivera Carrera, su vocero Hugo Valdemar (o Baldemar) y su jefe de escoltas, Armando Martínez --también presidente del fantasmal Colegio de Abogados Católicos--, tramaron el montaje, proceder con todo rigor.

Tal como suelen comportarse unos y otros, ninguna de las dos hipótesis podía desecharse.

Pero no, otra vez Ebrard actuó con tibieza, sello de los moderados de la izquierda moderna: El funcionario obviamente condenó los hechos, confirmó la liberación de los siete involucrados, porque no se actualizó ningún delito, expuso que el procurador Miguel Angel Mancera le dijo que pertenecían a una “iglesia” sin registro, que eran de Ecatepec, Estado de México, y ya.

¿Quiénes son y para quién trabajan Hortencia Jiménez Ojeda, María Magdalena Orta López, Dinora Alvarez Rendón, Lorena López, Isabel López Chávez, Angelina García, José Francisco Avila García y otra mujer no identificada? Nadie lo sabe, porque la autoridad no hizo su trabajo.

Por tanto impunidad absoluta para quienes, si no cometieron ningún delito, agredieron a ciudadanos que, en ejercicio de sus libertades, asistían a un respetable rito religioso y podrán volverlo a hacer cuando se les pegue la gana.

Y obviamente, ante la impunidad, el clero se desquita: Hugo Valdemar --alias Baldemar o al revés-- insiste en que, “por la forma de actuar”, los responsables son miembros del PRD. “Ante un hecho así lo primero que nos viene a la mente es pensar en ellos, que por cierto se deslindan, pero nosotros en varias ocasiones hemos demostrado que se trata de simpatizantes y gente de ellos”.

¿Quién va a desmentir a este sujeto, ya denominado por sus cofrades “mártir de la libertad de expresión”, si la autoridad no hace su trabajo? Y más aún, ¿la Secretaría de Gobernación podrá sancionar la recurrente insolencia de este ministro de culto que es, en realidad, el muñeco de ventrílocuo de Norberto Rivera?

¡Hipócritas!

Apuntes

Si procede que la Ley de Seguridad Nacional otorgue facultades para que el titular del Ejecutivo declare estado de excepción mediante un simple decreto, como traman PAN y PRI, estaremos entrando --ahora sí-- al infierno de la represión con un sujeto como Felipe Calderón. ¡Cuidado!... Para cualquier mexicano, no sólo habitante del Distrito Federal, debe ser inaceptable que un gobernante ponga en venta la vía pública a favor de emporios como Comercial Mexicana y Televisa, como lo está haciendo Ebrard, pero el oportunismo del PAN también repugna…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx