El Senado concretó el apoyo de los tres grupos parlamentarios con mayor número de legisladores para aprobar una reforma política basada en las propuestas del presidente Felipe Calderón y la bancada priista, con algunas enmiendas del PRD. Sin embargo, se obviaron temas relevantes que tienen que ver con dos aspectos centrales: participación ciudadana y rendición de cuentas de los gobernantes. La reforma que aprobó el Senado la noche del miércoles pasado es un fiel reflejo de lo que ha sido la producción legislativa del presente sexenio en los temas relevantes: modificaciones que no satisfacen plenamente a ninguno de los grupos parlamentarios, pero al menos abordan temas impostergables. El resultado es un avance en la dirección correcta, pero insuficiente. En este caso se trataron 11 temas importantes, de los cuales siete provienen de la iniciativa de Calderón; tres, de la priista, y uno, el de elevar el porcentaje para aplicar la cláusula de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de alguna otra iniciativa. Los asuntos incluidos en la reforma son los siguientes: posibles candidaturas no partidistas; consulta popular (propuesta por el PRI); iniciativa ciudadana; reelección de legisladores federales, con un límite de 12 años para senadores y de nueve para diputados; la posibilidad de que los Congresos estatales resuelvan sobre la reelección de los legisladores estatales y los alcaldes; la facultad del presidente de presentar hasta dos iniciativas de atención preferente al inicio de cada periodo legislativo; autorización del veto presidencial al presupuesto de egresos, y reconducción del presupuesto, en caso de que no haya acuerdo, al inicio de nuevo ejercicio presupuestal; fórmulas para llenar las ausencias presidenciales (tomadas de la iniciativa tricolor); ratificación por parte del Senado de las designaciones que haga el presidente en las comisiones de Energía, Telecomunicaciones y Competencia Económica (de la iniciativa priista), y el que la cuenta pública tenga que revisarse a más tardar el 31 de octubre del año siguiente a su ejercicio. En cuanto a las candidaturas no partidistas, la iniciativa presidencial proponía que al menos contaran con el respaldo, a través de firmas, del 1% de los electores; ahora se deja esta definición a la ley, lo cual en la práctica puede hacer nugatoria dicha posibilidad, pues con un alto porcentaje se cierra de hecho la vía. Calderón había propuesto que los ciudadanos pudieran presentar iniciativas de reformas legales o constitucionales con al menos el 0.1% del padrón electoral, y el Senado subió la cifra al 0.25%, lo que en la actualidad representa recolectar casi 190 mil firmas, contra las 82 mil que proponía la iniciativa presidencial. En este caso el PRD  y el PT hicieron  un último intento ante el pleno del Senado para establecer que fueran atendidas como iniciativas preferentes, pero no tuvieron éxito. Así, los ciudadanos ya tienen derecho a presentar iniciativas de reforma, pero no sabrán si los legisladores algún día las votarán. En el caso de la consulta popular, las modificaciones legislativas establecen que hay que recolectar las rúbricas de al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal, lo que se traduce en más de un millón y medio de firmas, que no será fácil reunir. El PRD, a pesar de un último intento en el pleno, no consiguió disminuir el porcentaje al 1%, que hubiera sido más accesible, pero sí que las solicitudes ciudadanas no tuviesen que obtener la aprobación de las dos cámaras, lo cual en la práctica anulaba dicha vía. Esta reforma era una propuesta tricolor y afortunadamente pudo conseguirse esa modificación, que sí cambia sustancialmente sus alcances, aunque el número de firmas requerido es muy alto. Por lo que se refiere a las iniciativas preferentes del presidente, sí hubo cambios sustanciales a la propuesta presidencial, pues se eliminó la llamada afirmativa ficta, en el sentido de que al no ser votadas en los 30 días establecidos como plazo máximo se entendieran como aprobadas; ahora se presentarán en sus términos, sin dictamen, ante el pleno para que se discutan y voten directamente. Además, expresamente se prohibió que se coloquen como iniciativas preferentes reformas a la Constitución. Por otra parte, la reforma que permite a los Congresos estatales determinar si procede o no la reelección de los alcaldes (en la iniciativa presidencial se proponía permitir su reelección, no dejar la facultad de aprobarla a los Congresos) se incorporó directamente en el pleno, con una redacción totalmente genérica, que reformó el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115, para decir simplemente: “Las Constituciones de los estados definirán las bases para la elección de los ayuntamientos”. Lamentablemente no se incorporó ninguna de las propuestas originales de los legisladores del Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia), integrado por PRD, PT y Convergencia, por lo que se dejaron fuera la revocación de mandato, la integración del Consejo Social y Económico de Estado e, incluso, la posibilidad de que el Congreso o la Cámara de Diputados aprobaran el Plan Nacional de Desarrollo, que elabora el Ejecutivo al inicio de cada sexenio; tampoco se incluyeron sus propuestas de reforma para modificar la composición de la Auditoría Superior de la Federación y ensanchar sus atribuciones, lo que se hubiese traducido en una mejor rendición de cuentas. Puede especularse que dicha reforma fue cocinada en aquella reunión que sostuvieron el año pasado, justo después de las elecciones estatales del 4 de julio, el líder de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, y el presidente Calderón. Allí deben haber acordado los temas que se abordarían en cada una de sus iniciativas, para luego dejarle al PRD incorporar algunas modificaciones, como la de la consulta popular. Sin embargo, esto es precisamente lo que la vuelve muy vulnerable, pues hasta hoy todo indica que la reforma no pasará intacta en la Cámara de Diputados. Así que todavía es muy pronto para celebrar inclusive estos insuficientes avances. l