El enorme número de litigios que se suscitarán a partir de las disposiciones constitucionales que se pretenden aprobar auguran un panorama lleno de nubarrones en la relación económica más importante para México.

Como se observa, la reforma constitucional es una atribución exclusiva del Poder Reformador de la Constitución, no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni del Poder Judicial de la Federación en general.

Por mientras, lo sucedido hasta ahora evidencia una vez más que el oficialismo busca que su voluntad sea Derecho y que el único Derecho que siguen es el que les conviene.