Los problemas políticos, económicos y sociales más acuciantes de México son analizados en el siguiente ensayo por el auditor Arturo González de Aragón, quien a raíz de sus hallazgos en las cuentas públicas –boquetes financieros, desvíos multimillonarios, irregularidades administrativas de todo tipo…– fue objeto de acusaciones de legisladores de distintos partidos, así como de presiones del titular del Ejecutivo federal. En esta entrega (primera de dos), quien fuera titular de la Auditoría Superior de la Federación de 2002 a 2009 aborda problemas candentes en el país, como la ausencia real de un estado de derecho y la falta de credibilidad de los partidos políticos, a los que no duda en calificar de “verdaderas mafias, cárteles de la delincuencia organizada”. La prevalencia del estado de derecho en México deja mucho que desear, pues la ley se vende al mejor postor y las denuncias y delitos no terminan en castigo, haciendo que los culpables estén en las calles y los inocentes en las cárceles por carecer éstos de los recursos suficientes para comprar y torcer la justicia en su beneficio. En México, de 100 denuncias presentadas sólo entre una y dos terminan en sentencia, en tanto que en Japón de cada 100, 98 terminan en castigo. El documental Presunto culpable es la mejor muestra de la calidad de la justicia que se imparte en el país; la propaganda del filme dice: “En México, ser inocente no basta para ser libre”. En cuanto a la lucha contra la delincuencia organizada, el número de ejecuciones alcanzó en cuatro años de la presente administración 30 mil 196 –al 16 de diciembre de 2010, según la Procuraduría General de la República– y 34 mil 612 –al 12 de enero de 2011, con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)–. En el año 2011, hasta el 30 de julio, se han reportado 7 mil 912 ejecuciones, con una tendencia creciente en el país. Por su parte, las extorsiones telefónicas pasaron de mil 168 en 2000 a 7 mil 223 en 2010, lo que representa un crecimiento de 618%, es decir más de seis veces según el Secretariado Ejecutivo del SNSP. Por lo que se refiere al Índice de Percepción de la Corrupción, en su reporte de 2010 Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 98 entre 178 países, su peor sitio de la década; descendió 26 posiciones en relación con 2008 al bajar su calificación en una escala de 0 a 10, de 3.6 a 3.1 (13.89%) donde 10 refleja la máxima transparencia. La década 2000-2010 muestra un país con crecimiento económico claramente insuficiente que se refleja en el bajo nivel del empleo; el aumento del desempleo y los niveles de pobreza; crecientes índices de inseguridad, delincuencia y criminalidad; deficiente impartición de justicia; falta de aplicación de la ley y del estado de derecho; aumento preocupante de las estructuras de gobierno y de la burocracia y uso inapropiado de los ingresos extraordinarios excedentes que se recibieron fundamentalmente por los precios del petróleo. En esta circunstancia, los líderes políticos de todos los partidos y corrientes ideológicas son los principales responsables de la gran crisis del país, pues han carecido de una visión de Estado que sacrifique las perspectivas particulares de sus propios intereses, mostrando una gran mezquindad y un enorme egoísmo hacia el interés supremo de la nación. En la actualidad, el estado de derecho es una quimera, pues pareciera que en el país no existen leyes, las instituciones constantemente son cuestionadas porque no se les tiene confianza, los delincuentes no reciben castigo y los inocentes se encuentran presos. Los que se atreven a denunciar son amenazados o asesinados, y los criminales son protegidos por policías, ministerios públicos y jueces. Los ciudadanos y las familias se encuentran indefensos porque el gobierno federal no puede asegurarles la paz social. Es una vergüenza nacional reconocer el daño a la salud de niños y jóvenes por la comida chatarra que se vende en las escuelas. Es un despropósito establecer políticas públicas para evitar el problema y claudicar ante la presión de poderosos empresarios, privilegiando los intereses particulares que dañan la salud de la niñez y la juventud mexicanas. México ocupa el primer lugar en obesidad en el mundo. Es una vergüenza nacional favorecer los intereses de las grandes corporaciones en materia de telecomunicaciones con concesiones a precio de ganga, sacrificando el interés y el patrimonio que nos pertenece a todos los ciudadanos. Una vez más se privilegian los intereses económicos y políticos de los poderosos. El Estado debe recuperar su papel de rector de la vida política, económica y social del país para asegurar una sana convivencia de la sociedad. El Estado debe encabezar las causas y asegurar los beneficios de las responsabilidades sociales. A partir de la administración 1976-1982 (de López Portillo) que registró una tasa media anual de crecimiento de 6.55%, el crecimiento sexenal ha sido de 0.34% en el periodo 1982-1988 (De la Madrid), de 3.9% en 1988-1994 (Salinas de Gortari), de 3.4% durante 1994-2000 (Zedillo), de 2.5% en el periodo 2000-2006 (Fox) y se estima una tasa de 2.1% en el lapso 2006-2012 considerando un crecimiento económico de 4.0% para 2011 y 2012. Así el crecimiento económico del país alcanzará sólo 2.4% como media sexenal en el periodo 1983-2012, es decir, en 30 años el crecimiento económico de México es notoriamente insuficiente para financiar el desarrollo nacional. Hasta 2001 éramos la novena economía del mundo. En 2009 estábamos en el lugar número 14 por el tamaño de nuestra economía, según el Fondo Monetario Internacional. Porfirio Díaz, durante la primera década del siglo XX y hasta su salida del país por el estallido de la Revolución, reportó una tasa anual promedio de crecimiento económico de 3.3%, en tanto que la tasa correspondiente al periodo 2001-2012 podría ser de 2.3%, es decir 1.0% menor a la última década de la dictadura porfirista, a pesar del auge actual de los precios del petróleo, la inversión extranjera, las remesas de los migrantes, las reservas monetarias internacionales y el control de la inflación. Este negro escenario que nos toca vivir es culpa de todos, pero más responsabilidad recae en los partidos políticos que se han convertido en verdaderas mafias, cárteles de la delincuencia organizada, que sólo actúan buscando el beneficio que representa el presupuesto público como suculento botín que se reparten de manera discrecional y cínica, sin rendir cuentas a la sociedad, la que es el supremo poder y mandante de los políticos. Esta situación se agudiza cuando se dan campañas electorales que representan el campo propicio, la oportunidad dorada, de saquear el patrimonio de todos los mexicanos. Los recursos públicos destinados en la década 2000-2009 a los partidos políticos como subsidio para su operación y las campañas de sus candidatos así como para organizar elecciones y cubrir la actuación de los institutos electorales, tribunales y fiscalías especializadas, alcanzó un monto de 158 mil millones de pesos. Durante la década mencionada, la Federación y los gobiernos estatales entregaron a los partidos políticos 50 mil 809 millones de pesos; a los institutos electorales, 88 mil 261 millones de pesos; a los tribunales electorales del país, 17 mil millones de pesos y a las fiscalías especializadas, mil 930 millones de pesos, lo que representa una verdadera ofensa para la pobreza y las necesidades del país, así como un enorme despropósito y un monumento al despilfarro y al uso inadecuado de los recursos públicos. La confianza de la gente no se compra, se gana, y no es a base de dinero como se obtiene. Las campañas electorales que hemos vivido en los años 2010 y 2011 en 20 estados de la República para elegir gobernadores, presidentes municipales y diputados, entre los más importantes, se caracterizaron por todo tipo de delitos electorales de todos los partidos políticos sin excepción, convirtiéndose en un verdadero estercolero. Candidatos acusados de nexos con la delincuencia, grabaciones ilegales, manipulación de encuestas y padrones electorales, compra de votos, desvío de recursos públicos, amenazas, extorsiones y chantajes, asesinatos de algunos candidatos, uso de instrumentos del Estado a favor de ciertas corrientes, aplicación de recursos provenientes de fuentes ilícitas y entrega de bienes y servicios a cambio de votos. Todas estas prácticas fueron la constante en los procesos electorales. Esta situación muestra de manera casi generalizada la ausencia total del estado de derecho en nuestro país y la impunidad existente que nos ahoga. La mayoría de los candidatos en los ámbitos federal, estatal y municipal sólo buscaron alcanzar el poder por el poder, sin el menor recato ni pudor y con total y absoluta desvergüenza, olvidando el interés superior de la nación. Sin importar valores y principios los partidos políticos se convirtieron en muchos casos en travestis de la política, actuando como verdaderos delincuentes. Todos al final de cuentas son iguales. Ninguno merece la confianza de la sociedad. En 2009 se publicó el latinobarómetro sobre la democracia en 18 países de América Latina, resultado de la aplicación de 20 mil 204 encuestas sobre confianza en las instituciones, resultando que la Iglesia, la radio y la televisión son las que más confianza merecen, con calificaciones de 68, 56 y 54, respectivamente, en una escala de 0 a 100, en tanto que el Poder Judicial, los sindicatos y los partidos políticos, con calificaciones relativas de 32, 30 y 24, son las instituciones que menos confianza merecen de la sociedad. El descaro y la desvergüenza de los partidos políticos no tiene límite. Por ello en 2009 y con el apoyo de todas las fuerzas políticas se incluyó en el artículo 2, fracción IX de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vigente, la excepción para que los partidos políticos no fueran fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación. Mayor despropósito no puede existir. Esto es un monumento a la opacidad y una afrenta al manejo honesto y transparente del patrimonio público. Esta información puede servir para una reflexión profunda sobre lo que hemos hecho y lo que podemos hacer. Los resultados no pueden ser ocultados. Como nación debemos asumir la responsabilidad y tomar acciones efectivas para corregir el rumbo y hacer realidad la grandeza de México, que sólo espera liderazgos honestos y gobernantes comprometidos con la sociedad, a la que tenemos todos el privilegio de servir. Existe un postulado supremo en las democracias que no admite discusión: “El pueblo manda, el mandatario obedece, rinde cuentas y se somete al escrutinio de la sociedad”. El poder debe usarse para servir a los demás y no para servirse de él. El servicio a la sociedad es un privilegio de vida que proporciona una razón de ser a la existencia del hombre. Los que traicionan el interés superior de la sociedad deben recibir un castigo ejemplar y ser exhibidos públicamente como traidores y enemigos de las causas supremas de los ciudadanos. El poder debe servir para cambiar a México en beneficio de todos y no de unos cuantos. Es urgente recrear el país con las reformas necesarias, las cuales deben pasar por la constitucional, la de redefinición del papel del Estado y de las formas de gobierno, la reforma a los Poderes de la Unión, las reformas hacendaria y fiscal, la educativa, la laboral y la electoral complementaria, entre las más importantes, que deben acompañarse de las políticas públicas requeridas en materia de educación, salud, seguridad, desarrollo social y transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. En pocas palabras, refundar al Estado mexicano. Los casos de Egipto y de países de Medio Oriente y de Europa son un gran ejemplo de la fuerza de la sociedad que pareciera que vivía un grave y largo letargo, del cual, venturosamente, está despertando para exhibir y exigir cuentas a los líderes políticos. Los ciudadanos han llegado al hartazgo de la clase política. Los líderes de primera siempre tienen subordinados de primera. Los líderes de segunda buscan subordinados de tercera para que no les hagan sombra. México necesita urgentemente hombres de Estado, liderazgos creíbles que muestren pensamientos en grande, con ideas y visiones de horizonte extenso. Si las ideas son cortas y limitadas, no se puede diseñar y construir el futuro. El futuro es de los hombres y mujeres que piensan en grande y, sobre todo, que se atreven. La pérdida constante de valores por la mala educación es responsabilidad de autoridades, educadores y familias. Los reclamos y el descontento de los jóvenes es la consecuencia de los malos gobiernos que han conducido al país en las últimas décadas. México necesita líderes que señalen rumbos, que marquen pautas, que sean soñadores de grandes ideales. Líderes constructores de valores, que busquen el bien de los demás por encima de sus intereses particulares. Recordemos siempre: “El país es de todos y no es patrimonio particular de nadie”. * Auditor superior de la Federación de 2002 a 2009.