MÉXICO, D.F. (Proceso).- Veracruz ha logrado de nuevo colocarse en los primeros espacios de los medios de comunicación. Lamentablemente, esta notoriedad se logra por malas razones: un nuevo ciclo de violencia contra periodistas, destacando el asesinato de la valiente reportera Regina Martínez, corresponsal de Proceso en el estado. Para entender si se trata de un hecho excepcional o de la manifestación de una tendencia, es preciso entender qué pasa en las tierras veracruzanas. Veracruz es un estado que desde hace varios años se halla en estancamiento económico, con aumento del desempleo y disminución de la calidad del empleo disponible. Se han perdido puestos de trabajo formales y se han creado más informales, lo que se ha traducido en una caída del poder adquisitivo en general. Durante la década pasada, el incremento en el gasto público estatal había compensado la debilidad de la inversión y el gasto privados. Pero en 2010, al calor de las campañas por la gubernatura de la entidad, el estatal se desbocó, la deuda pública aumentó sin freno y el sexenio de Fidel Herrera terminó en una crisis fiscal sin precedente, con las arcas estatales (y muchas municipales) vacías. Aunque el monto real de la deuda se desconoce, economistas locales la calculan en 40 mil millones de pesos, y buena parte de ella es de corto plazo, de modo que su servicio consume una elevada proporción del presupuesto de la entidad. El gobierno de Herrera se caracterizó por la más absoluta discrecionalidad en el gasto, la adjudicación sin licitación de obras públicas a empresas que surgieron de la noche a la mañana, el control de los medios de comunicación mediante regalos, prebendas, becas y viajes para los periodistas, así como generosos contratos de publicidad. No hubo planeación digna de ese nombre, sino un gobierno de un solo hombre que decidía todo y por todos, y que para gobernar de esa manera estableció acuerdos, explícitos o implícitos, con todos los poderes fácticos regionales. El combustible que alimentaba ese poder concentrado era el dinero público, o el que se ejercía a través del sector público, cuyo origen y composición no están del todo claros. La campaña electoral de 2010 fue un parteaguas de la historia política de la entidad, y en cierta medida del país, porque entonces se rompieron todos los principios que rigieron la débil e incompleta transición a la democracia electoral mexicana: independencia del órgano electoral, equidad de la competencia, regulación de gastos de campaña y severa limitación de la inversión privada en el proceso. Esas elecciones han sido las más costosas de la entidad, y el derroche del PRI y del PAN alcanzó niveles nunca vistos. Quiénes y cómo financiaron las campañas es algo que no sabemos y quizás nunca sepamos. Lo cierto es que los intereses privados que intervinieron en el proceso deben haber esperado algún reintegro. El gobierno estatal actual recibió el poder pero no el dinero. Imposible repetir el estilo de gobierno de Fidel Herrera. La escasez genera tensiones, pues la cobija no alcanza para todos. El control sobre los medios se volvió autoritario, de comando, ya que la capacidad de compra estatal disminuyó, si bien los convenios de publicidad siguen siendo esenciales para la modesta economía de los medios, que son muy locales o regionales. Las plumas se compran más selectivamente, aunque de manera abierta y, hasta cierto punto, cínica. Pero no es posible ya controlar mediante el gasto a todos los actores, ni respetar los arreglos establecidos en el pasado. La delincuencia organizada, en este escenario, encontró un mayor espacio de acción con los actores del mercado –muchos de ellos desesperadamente necesitados de recursos– y los medios, sobre los cuales empezó a ejercer un control cada vez más violento en materia de información policiaca en 2011, en el contexto de la disputa estratégica por el territorio veracruzano entre diferentes grupos. A mediados del año pasado la confrontación entre ellos alcanzó un clímax, con decenas de asesinatos desde junio hasta agosto, sin que el gobierno estatal tuviera capacidad de imponer algún control. De ahí el Veracruz Seguro II, la llegada masiva del Ejército y de la Marina a las calles de la entidad. Esa política produjo de nuevo alguna tranquilidad aparente, sin que la confrontación haya cesado. Mientras tanto, la delincuencia común se incrementó, sobre todo los secuestros, flagelo difícil de abatir dada la debilidad de las fuerzas policiacas y de la Procuraduría de Justicia, cuyos recursos humanos y materiales son todavía muy pequeños en relación con las necesidades. Este es el contexto de la disputa por las candidaturas a senadores y diputados dentro del PRI en 2012, que fue un verdadero ajuste de cuentas por pagar. Las candidaturas no se definieron por perfiles políticos, sino por intereses de grupo y en reconocimiento de servicios prestados. A decir verdad, en el PAN el criterio parece haber sido el mismo, y en el PRD, como de costumbre, pesó el balance de fuerzas relativas de las tribus. Por eso la calidad de los candidatos es notablemente baja, y hay varios personajes directamente impresentables haciendo campaña en las filas priistas. En Veracruz, las elecciones de 2012 parecen de partido único, pues en materia publicitaria y de presencia en medios el PRI ha logrado prácticamente un monopolio, rompiendo, una vez más, los principios de la competencia electoral democrática. Cabe preguntarse si los recientes crímenes contra periodistas nos retrotraen a la situación de mediados de 2011. Pareciera no ser así. El asesinato de Regina Martínez se sale de la tendencia y tiene, inevitablemente, un carácter político. Más bien parece que entramos, tempranamente, a un riesgoso ciclo de regresión autoritaria, aun antes de completarse la restauración priista. La primavera democrática, tan parca en sus frutos, se marchita a pasos agigantados en las manos de una clase política irresponsable.   El autor es periodista e investigador de la Universidad Veracruzana.