MÉXICO, D.F. (apro).- Son más de 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos, son tantas víctimas de la violencia como no se tiene registro desde la guerra cristera de 1926. A pesar de ser considerada como una tragedia nacional, el tema de las víctimas de la guerra contra el crimen organizado no forman parte de la agenda de los cuatro candidatos presidenciales, acaso es un asunto secundario dentro de su estrategia para alcanzar la silla presidencial. Esta es la idea que dejaron Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Quadri al asistir al encuentro con el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia, realizado el lunes pasado en el Castillo de Chapultepec. Uno por uno, los candidatos escucharon de viva voz las historias y reclamos de justicia de familiares de aquellos que han muerto o desaparecido en esta violencia generada por la guerra al crimen organizado declarada por Felipe Calderón, y que a la postre ha resultado un fracaso. La falta de empatía de cada uno de los aspirantes presidenciales con las familias afectadas por este infierno atizado por autoridades corruptas y bandas criminales fue notable. Más bien era notorio que para ellos se trataba de un acto más en su agenda de campaña y que llegaron al Alcázar del Castillo de Chapultepec más obligados por las circunstancias, que por un compromiso de enfrentar y resolver las consecuencias de una estrategia errática lanzada sin tener un diagnóstico de la situación. Ninguno de los cuatro tuvo una iniciativa propia organizar un encuentro específico con los familiares de las víctimas de la violencia. Tuvieron que ser citados por el Movimiento de Paz al Alcázar del Castillo para escuchar y hablar de un tema al que no le han dado la prioridad necesaria en sus proyectos de gobierno. Es más, fue hasta que el poeta Javier Sicilia y las víctimas de la violencia les reclamaron su indolencia, cuando cada uno de ellos reaccionó a su propia manera, pero sin salirse del discurso oficial de su campaña. Unos pidieron disculpas, otros invitaron a los afectados a sumarse a su causa, otros más hicieron acuso de recibo de los reclamos, no obstante ninguno de los cuatro aspirantes a la presidencia lanzaron un compromiso que convenciera a las familias que recibirían justicia. Tampoco ninguno de los aspirantes hizo alguna mención de actuar jurídicamente contra el principal responsable de haber atizado la violencia con más violencia, Felipe Calderón. Los familiares de muertos y desaparecidos hablaron desde su dolor, desde la tragedia que viven desde que mataron o secuestraron a uno de sus seres queridos. Presentaron sus casos en los que ha sido evidente la colusión de autoridades con las bandas delincuenciales que han actuado impunemente para matar o desaparecer a ciudadanos ajenos a las actividades criminales. Por su parte, los cuatro candidatos se comprometieron atacar las distintas causas de la violencia, pero ninguno mostró la sensibilidad para atender el dolor que ha provocado la muerte o desaparición de 60 mil mexicanos en los últimos cinco años. No hablaron de atender económica ni psicológicamente a los huérfanos, viudas y parientes afectados. No se habló de la desidia de autoridades corruptas. No se mencionó la necesidad de ajustar la ley de victimas del delito. Tampoco de crear mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que se han convertido en blanco de las mafias. Mucho menos de la necesidad de quitarle el poder internacional que tienen las bandas mexicanas en 40 países. Dos realidades se presentaron en Chapultepec en el encuentro entre políticos y victimas de la violencia: La de los políticos, cada vez más alejados de lo que ocurre con la ciudadanía, y la de una parte de la sociedad, que nunca fue consultada y que está pagando las consecuencias de decisiones fatales de gobierno.