TV Azteca y el Estado que abdica

domingo, 6 de mayo de 2012
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El tratamiento que los concesionarios de radio y televisión dan a los debates de los candidatos presidenciales depende del contexto político que se vive en cada momento: en 1994, el interés principal era de las propias televisoras, y su transmisión casi fue cadena nacional y ocupó el espacio dedicado a los dos principales noticieros de televisión; en el 2000, marcado por la euforia democratizadora que se vivía, el segundo debate de dicha contienda se transmitió incluso por la tercera cadena de Televisa, la encabezada por el canal 9, y a nadie le importó; en el 2006, tras la aprobación de la Ley Televisa, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) dirigió un mensaje al inicio del primer debate; y ahora, en el 2012, luego de la reforma constitucional del 2007, por primera vez una de las dos grandes empresas televisivas se niega a transmitir un encuentro de esa naturaleza. Como puede verse, son los humores de los concesionarios los que marcan la importancia y el entusiasmo con el que acogen lo que puede considerarse el evento central de un proceso electoral, pues es donde el ciudadano tiene la posibilidad real de confrontar propuestas y capacidades de los candidatos en un mismo espacio. Sin embargo, tras cinco debates, esta es la primera ocasión en que la decisión de una televisora se convierte en el centro mismo del debate, lo cual resta protagonismo a los actores centrales del proceso electoral: los candidatos, los partidos y sus propuestas. Ciertamente, la decisión de TV Azteca es un tema relevante que debe discutirse, pues como bien señala el periodista José de Córdoba en The Wall Street Journal: “El debate sobre el debate deja de manifiesto la influencia que ejerce sobre la política el duopolio de televisión del país”. TV Azteca decidió programar el partido de la liguilla final del futbol mexicano de un equipo de su propiedad, Morelia, a la misma hora en que se celebrará el debate, y se negó a transmitirlo a través de su segunda cadena nacional, la que encabeza el canal 7. Por cierto, esta es la que utilizó para difundir los debates de 2000 y 2006. Con su actual negativa no viola ninguna norma, pero es una muestra más de su nulo compromiso con la democracia y uno más de sus desafíos al Estado mexicano. El 18 de julio de 1993, durante el penúltimo año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se privatizó –tras más de 20 años de ser gubernamental– lo que en aquel entonces era Imevisión. Ricardo Salinas Pliego adquirió así el control de 90 canales que conformaban la red del 13 y 78, del 7. Casi a los cuatro años de su adquisición, el 7 de junio de 1997 para ser exactos, tras el asesinato del conductor Paco Stanley, el mismo Salinas Pliego apareció en el noticiero de Javier Alatorre, en el canal 13, en horario llamado Triple A, para pronunciar un editorial en el que cuestionaba incluso la pertinencia de las elecciones. En la parte central del mismo señalaba: “Hoy fue Paco. Mañana podemos ser usted o yo, o cualquiera. La impunidad nos asalta, y ¿dónde está la autoridad? ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué sirven los tres poderes del gobierno? ¿Cómo puede haber tanto gobierno y nada de autoridad? En esta ciudad, como en tantas otras de México, la impunidad, la ineptitud de la autoridad y también la indiferencia de la ciudadanía han alcanzado un límite. Hoy lloramos por Paco. ¿Por quién lloraremos mañana? Es claro que las autoridades han fallado, pero también que nosotros, los mexicanos, estamos fallando”. Dejo constancia de que los noticiarios y espacios de reflexión y análisis de las televisoras de Salinas Pliego se subordinaban a sus intereses y emociones personales. Evidenció que muy poco le importaban las disposiciones establecidas en los artículos 4 y 5 de la Ley Federal de Radio y Televisión, donde se estipula con claridad que su título de concesión le permite “el uso, aprovechamiento o explotación” de un bien público para el “debido cumplimiento de una función social”, dentro de la cual se encuentra el fortalecimiento de “las convicciones democráticas”. Pero eso fue apenas el principio: En mayo del 2005, Salinas Pliego enfocó toda su furia contra el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicó una multa a funcionarios de TV Azteca, incluido el propio Salinas Pliego, como parte de una investigación iniciada en Estados Unidos por una operación ilícita que le permitió ganar más de 100 millones de pesos. Y año y medio después, en diciembre de 2006, la víctima fue Isaac Saba por pretender constituir, junto con la trasnacional GE, una tercera cadena comercial; en dicha ocasión, en conjunción con Televisa, Salinas Pliego se lanzó en contra del oligopolio de distribución de medicamentos. Los tres eventos muestran fehacientemente el uso privado de un bien público. Es la utilización del espectro radioeléctrico para defender negocios e intereses particulares. Pero la historia no se detiene en el 2006. Poco después, en septiembre del 2007, la CIRT se opuso a la reforma constitucional que en ese entonces se discutía en el Senado de la República para modificar sustancialmente las reglas de la publicidad político-electoral en radio y televisión. Desde ese primer momento, la mayoría de los concesionarios –y, entre ellos, de manera prominente, TV Azteca– dejaron constancia de su desacuerdo. Cuando comenzó la transmisión de los espots publicitarios de las precampañas del proceso electoral intermedio, Televisa, TV Azteca y Grupo Imagen se pusieron de acuerdo para interrumpir la difusión de diversos eventos deportivos, entre ellos el Súper Tazón de la NFL, con el fin de transmitir bloques de hasta seis minutos tras la aparición de una cortinilla informativa que culpaba de los cortes a los legisladores y al IFE. En ese entonces, como hoy, la intención era generar animadversión hacia dicha reforma y empezar a socavarla para lograr su reversión. El hecho es que, a partir de la entrada en vigor de dichas disposiciones, la constante es el incumplimiento por parte de TV Azteca de las pautas ordenadas por el Instituto Federal Electoral. De acuerdo con una información publicada por el periódico Reforma el 23 de febrero de este año, desde 2008 casi el 90% de las sanciones determinadas por la autoridad electoral (260 de 287) fueron impuestas a TV Azteca. Sin embargo, la televisora es la única que “no ha pagado una sola de las multas”. Seguramente habrá muchos defensores de la libertad de TV Azteca para seleccionar el material noticioso, sin importar el contenido faccioso del mismo; y, desde luego, para no transmitir el primer debate de los candidatos presidenciales, amparado en la fracción 2 del artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se asienta que esto es potestativo para los concesionarios. Pero el incumplimiento de las pautas del IFE sí es una flagrante violación a la fracción XXII del artículo 101 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que señala entre las infracciones: “No transmitir los programas que el Estado ordene en el tiempo cuyo uso le corresponde en los términos de esta ley u otros ordenamientos”. Así, no es únicamente el uso privado de un bien público, sino que la televisora también muestra una violación grave y reiterada de las pautas ordenadas por la autoridad electoral. Lo reiterado y recurrente de dicha infracción debiese motivar la integración de un expediente jurídico para eventualmente proponer una sanción más allá de las millonarias multas. Entre otras cosas, la renovación de la concesión televisiva pasa por revisar el cumplimiento de los términos de la misma, que desde luego implica el respeto a la legislación mexicana, lo cual es evidente que TV Azteca no ha hecho, inclusive sin considerar la toma de las instalaciones de Canal 40 en el Chiquihuite. Pero la integración de dicho expediente ni siquiera pasa por la mente de una autoridad que, desde el derrumbe del presidencialismo metaconstitucional, abdicó frente al poder mediático aun a costa de arriesgar o, al menos posponer, la construcción de la democracia en México.

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