MÉXICO, D.F. (Proceso).- Puede uno coincidir o no con Enrique Peña Nieto. No obstante, me parece que en las actuales circunstancias habría que sumar esfuerzos en aquellos puntos donde haya coincidencia para evitar que el país siga el rumbo fallido de la estrategia de Felipe Calderón, quien en las urnas ha visto el repudio social a su gobierno y a su partido. Peña Nieto formula como primeras acciones de iniciativa legislativa rubros que son de la mayor importancia para el país, y sería grave minimizar las propuestas porque no las plantea quien uno hubiera deseado que lo hiciere. Veamos. Primero. Lucha contra la corrupción a través de una “Comisión Nacional Anticorrupción”. El propósito es compartible, pero la vía no es la más afortunada. Es preciso fortalecer lo que ya se tiene, aunque ahora de forma acotada. La Auditoría Superior de la Federación formalmente hace esa función, mas está impedida por su diseño legal para desarrollarla. Lo primero que debiera hacerse es que rompa el cordón umbilical que la tiene sujeta a la Cámara de Diputados y se transforme en el órgano autónomo constitucional a que se refiere Peña Nieto. Habría que dotarle, además, de mayores atribuciones, entre ellas la sancionatoria. La actual Secretaría de la Función Pública debería pasar a formar parte de la Auditoría Superior. Esta experiencia existe en buena parte de las democracias contemporáneas con distintos nombres: “Tribunal de Cuentas”, “Contraloría General de la República”, etcétera. Aparte de la reforma constitucional necesaria, tendrían que hacerse las reformas pertinentes a las leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a las correspondientes en los estados. Más aún, las secretarías de contraloría de las entidades deberían formar parte de la propia Auditoría como especie de delegaciones. Para evitar o reducir presiones políticas, el titular de la Auditoría podría contar con la más amplia seguridad laboral, sujeto, por un lado, a las sanciones previstas en el artículo 108 constitucional párrafo segundo y, por otro, a los controles derivados de un riguroso régimen de incompatibilidades y conflictos de interés, para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. A grandes males, grandes remedios. Segundo. El fortalecimiento del IFAI. Es verdad sabida que los problemas de opacidad existen en la Federación y que con mayor persistencia se registran en las entidades federativas y los municipios. Hoy, a pesar de la reforma constitucional del 2007, es bastante complicado acceder a la información pública. Hay infinidad de plazos, de criterios y de disposición a cumplir o no la ley a lo largo y ancho del país. El sistema Infomex, creado con la idea inicial de homologar procedimientos, es una herramienta que ha cumplido parcialmente su cometido. En buena parte de las comisiones e institutos prospera la simulación de formalidad legal. Es por ello pertinente la propuesta de Peña Nieto en este rubro. Conviene que el IFAI se convierta en un tribunal especializado donde el acceso a la información y la transparencia sean asuntos federales, como sucede, por ejemplo, con los tribunales agrarios, creando salas regionales, unitarias o colegiadas, sin dejar de lado la fundamentación y motivación a que obliga el artículo 14 constitucional. Como a todo órgano jurisdiccional, deben otorgársele atribuciones para imponer medidas de apremio y capacidad sancionatoria. Aunque conocería de asuntos federales, de los estados, municipios y órganos autónomos constitucionales, una excepción se haría con el Poder Judicial de la Federación, que tiene en el Consejo de la Judicatura Federal una instancia para estas labores, siempre con oportunidades de mejora. Los mecanismos de acceso, estabilidad, promoción y sanción podrían retomarse de los que aplica el propio Poder Judicial de la Federación. Las tareas de promoción y fomento de la cultura de la transparencia se podrían llegar hasta los libros de texto gratuitos para la primaria y la secundaria, como en su momento se hizo en San Luis Potosí, en un experimento cuyo impacto jamás podría ser alcanzado por las comisiones e institutos de transparencia. De manera complementaria, este nuevo tribunal de la transparencia podría retomar la idea de las Casas de la Cultura Jurídica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en buena parte del país. De la misma forma, debe abrogarse la Ley de Datos Personales en Posesión de Particulares para crear una nueva que incluya al sector público, así como un organismo especializado que pueda imponer sanciones, facultad de la que hoy carece el IFAI. Tercero. La publicidad oficial es, particularmente en los estados y municipios, un asunto público que se ha reservado de manera inconstitucional y absurda. Es plausible que haya en esa misma lógica un organismo que vigile las contrataciones al respecto, pues en la práctica violentan la libertad de expresión al generar incentivos para uniformar información gubernamental en perjuicio del derecho a saber de la sociedad. Esta comisión podría además vigilar con gran exhaustividad que no haya negocios entre empresas mediáticas y gobiernos que generen conflictos de interés. En muchas ocasiones la publicidad oficial en sentido estricto es lo de menos. Lo demás son los contratos de construcción y mantenimiento de equipo informático, entre muchos otros, que aparentemente no tienen nada que ver con la línea editorial del medio, pero que en la realidad definen los grandes trazos de qué se informa, qué no se informa y cómo se informa. El interés superior del país debe estar por encima de las preferencias políticas. Si existen propuestas positivas para regenerar los tejidos mínimos de la ética pública, hay que apoyarlas, vigilando, por supuesto, que no nos den gato por liebre. evillanueva99@yahoo.com @evillanuevamx www.ernestovillanueva.blogspot.com