MÉXICO, D.F. (Proceso).- La ignominia electoral comienza a hacer sentir la profundidad de su horror: La compra del voto, la intromisión de dinero sucio y la manipulación mediática en el triunfo del PRI son apenas la punta del iceberg. Ese tipo de prácticas, que a menor escala y con menos recursos la hicieron también los otros partidos, mostrará, de convalidarse el triunfo priista, que las instituciones del país y una buena parte de la sociedad están profundamente corrompidas. Un PRI en el poder en esas condiciones y bajo la extrema violencia, la miseria y la fragmentación política que vive el país, no sólo significaría un gobierno con graves sospechas de ilegitimidad sino un gobierno que, sostenido por mayorías relativas, es decir por minorías –muchas de ellas extorsionadas–, sólo podría gobernar bajo la corrupción y el autoritarismo. ¿Serviría de algo anular la elección presidencial? Desde el punto de vista ético –algo que urgentemente necesita el país– sí. Sentaría un precedente de mínima dignidad y confianza. Sin embargo desde el punto de vista político sería igual de ignominioso. Sin una profunda reforma política que incluya la revocación de mandato, el voto blanco, el plebiscito y la segunda vuelta; sin férreos controles que castiguen de manera efectiva y con sanciones penales severas la coacción del voto y la recaudación de dineros de dudosa procedencia; sin una limpieza transparente de las filas de los partidos y de funcionarios corruptos, la anulación serviría de poco y la grandeza moral de la anulación sería una ignominia y una burla más. Ganara quien ganara en una nuevas elecciones, volvería a hacerlo con severos cuestionamientos y con mayorías relativas que –allí está el gobierno de Calderón, la guerra, la corrupción del sistema y el 98 o 95% de impunidad que nos dejó, para mostrarlo– no servirían más que para administrar con mayor dificultad el dolor y la miseria. Por desgracia, hasta donde se ve no existen la voluntad política ni la voluntad ciudadana para llevar a cabo estas reformas necesarias que, como no ha dejado de repetirlo el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), debieron haberse hecho desde hace mucho tiempo y que ahora se vuelven más urgentes que nunca para salvar a la nación. Entrampadas las voluntades en discutir el síntoma –la trampa y la nulidad o la legalidad ilegítima–, en fragmentar más a la nación, en no atender la profundidad del problema, en olvidar la guerra en la que estamos inmersos con sus cientos de miles de víctima y bandas criminales y abusos de las fuerzas armadas sin control, no miran que el país, como un barco en medio de la tormenta, pedió el rumbo y está a punto de un motín o de una imposición autoritaria para controlarlo, que lo hundirá en un noche sin mañana. Hoy más que nunca en la historia del país es necesario anular las elecciones presidenciales. Pero hoy más que nunca esa anulación debe ir acompañada –sería la labor del gobierno interino– no sólo por las reformas y la limpieza real y transparente de los funcionarios y miembros corruptos de los partidos y del Estado, a las que me he referido, sino también por un pacto de unidad nacional y no de civilidad al que –como suele hacerlo la clase política tan ajena al país y tan desdeñosa de las verdaderas vertientes de la democracia– el IFE, los partidos y sus candidatos redujeron la demanda que el MPJD reiteró a los candidatos en el diálogo que sostuvo con ellos en el alcázar del Castillo de Chapultepec. Esa demanda implicaría una agenda de unidad en la que todos acordaran 1) una ruta de paz; es decir un acuerdo conjunto para pacificar el país enfrentando la guerra contra el narcotráfico desde el ángulo de la regularización de las drogas, del uso del dinero invertido para la violencia en trabajo de reconstrucción del tejido social y del uso de las fuerzas armadas para proteger a la población y no, como hasta ahora ha sido, a las instituciones; 2) una ruta de justicia, lo que implicaría una severa vigilancia por parte de un consejo ciudadano de las actividades del Poder Judicial, la publicación de la Ley General de Víctimas y la creación de un instrumento real y efectivo para su aplicación; 3) una política social ajena a la lógica neoliberal, esa que ha demostrado su capacidad para crear oligarquías perversas, generar miseria y destruir culturas y medioambiente; 4) una profunda democratización de los medios de comunicación, como lo pidió el MPJD y lo pide el movimiento #YoSoy132 –sin una democratización de medios la democracia es una mentira–; 5) una inclusión de lo mejor de cada una de las agendas políticas de los partidos. Ningún partido en el poder, con mayorías relativas, es decir con minorías que imponen a otras minorías sus programas y proyectos, puede gobernar solo para una nación. Una política sin ética –la misma que desde hace muchos sexenios vivimos en el país– nos está llevando a una muerte espiritual que quiere acostumbrarnos a la corrupción como método político y a la violencia, la impunidad, el asesinato, el horror y la miseria como forma de vida. Estamos a punto de perder el país. No una abstracción sino una realidad hecha de personas que buscamos un mundo donde cada uno tenga su sitio. ¿Seremos capaces de lograrlo? Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-­CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz y cambiar la estrategia de seguridad.