Oneroso financiamiento partidista

martes, 15 de enero de 2013
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En diciembre de 2007, cuando se aprobó la reforma constitucional en la que los legisladores modificaron el procedimiento para calcular la bolsa de financiamiento público para los partidos políticos, el Congreso lanzó una intensa campaña publicitaria para convencer de que esto se traduciría en un ahorro para la hacienda federal. En 2013 los partidos recibirán mil millones de pesos más que aquel año y 700 millones más de lo que recibirían sin la reforma. En 2007 los partidos políticos recibieron, repartidos entre los ocho con registro en ese momento, 2 mil 704.1 millones de pesos; en 2013, los siete que conservan el registro recibirán 3 mil 710.5 millones de pesos, es decir 37.23% más, lo que significa un aumento real de casi 10%, ya que la inflación en ese periodo fue de 27.88%. Si en estos momentos se calculara la bolsa del financiamiento público con la anterior fórmula y suponiendo que no hubo ningún cambio en los llamados costos mínimos de campaña (que de hecho debería haberlo hacia la baja, pues estos contemplaban en aquel entonces los gastos en medios masivos de comunicación que se eliminaron con la citada reforma al recurrir a los tiempos oficiales), simplemente ajustándolo con la inflación y el número de partidos políticos con registro, el monto que recibirían sería de 3 mil 25.1 millones de pesos, es decir, casi 700 millones menos. En el ámbito del financiamiento público a los partidos el gran impacto de la reforma constitucional de 2007 fue garantizarles una gran bolsa de dinero público para financiar a su burocracia. Son casi 700 millones más y entre menos partidos, es decir, que cada uno recibe proporcionalmente más, al margen de su participación electoral que determina el reparto de 70% de los recursos. A pesar de la demanda generalizada para disminuirle el financiamiento público, en el Pacto por México –que se ha convertido en la hoja de ruta de este gobierno y de los tres partidos políticos con mayor participación electoral y posibilidades reales de realizar reformas constitucionales– no hay un compromiso explícito para reducir este monto. El apartado “Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática” incluye el tema de “Partidos Políticos y Elecciones” y en el mismo se señala: “Los partidos políticos requieren de un marco jurídico que genere mayor certidumbre, transparencia y estabilidad al sistema político en su conjunto. De igual forma, los procesos electorales tienen que ser más baratos y más transparentes”. Y entre las acciones se establecen dos compromisos concretos: Aprobar “una Ley General de Partidos”, compromiso 89, y una reforma electoral que atienda, entre otros temas, “reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos”, como parte del compromiso 90. Es decir se refieren al gasto, pero no al monto del financiamiento público, que es lo que hay que reducir. Sin duda es importante la transparencia en el origen y destino de los recursos que utilizan los partidos políticos, pero a nadie preocupa que estos gasten más en sostener una costosísima burocracia, si los fondos provienen de las cuotas de los militantes o de donativos de particulares debidamente identificados, pero sí cuando vienen del erario. Y ése es el compromiso que eludieron los firmantes de dicho pacto. La reforma constitucional y legal de 1996 fue la que garantizó una bolsa importante del erario para financiar las actividades de los partidos políticos, tanto en tiempos electorales como fuera de ellos. Para 1997, primer año en el que se aplicó dicha legislación, los institutos políticos recibieron para actividades ordinarias mil 31.8 millones de pesos; así en 16 años el monto que reciben se multiplicó 3.6 veces. Mientras la inflación creció de diciembre de 1996 a diciembre de 2012, 180%, la bolsa de dinero para los partidos políticos lo hizo en 263%, es decir, 83 puntos porcentuales más. En el pasado los partidos políticos destinaban una parte de esos recursos para gastarlos en los medios masivos de comunicación, fuese para promover su imagen o para impulsar a sus candidatos en las elecciones estatales; sin embargo a partir de 2007 ya no pueden comprar espacios en radio y televisión y el acceso a estos es únicamente a través de los tiempos gratuitos, con lo cual este dinero lo destinan fundamentalmente a sus gastos administrativos y el sostenimiento de una creciente burocracia partidista. La fórmula es ideal para sus fines pues aseguraron que el incremento inflacionario, al atarlo al salario mínimo vigente en el Distrito Federal, y un crecimiento real al multiplicarlo por el número de ciudadanos en el padrón electoral –que siempre es creciente, ya que lo que puede disminuir con la baja de ciudadanos cuya credencial pierde vigencia se da en la Lista Nominal de Electores pero no en el padrón– se aseguraron un incremento real de sus ingresos, independientemente de lo que suceda con las finanzas públicas o el país. Para evitar que alguien quisiera reducirles esta bolsa los partidos colocaron la disposición que les asegura los recursos en el artículo 41 de la Constitución, con lo cual para poder modificarlo se requiere reformar la Carta Magna, con las dificultades que eso entraña pues necesita del voto aprobatorio de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras y además la ratificación de, al menos, 16 Congresos estatales. Así que aunque el altísimo financiamiento público que se reparten los siete partidos políticos con registro nacional es uno de los temas que mayor irritación causa en la ciudadanía mexicana, difícilmente se logrará modificar. Menos aun cuando fue uno de los compromisos que eludieron los firmantes del Pacto por México, que hoy tienen el monopolio de las reformas legislativas en México.

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