Abriendo frentes

jueves, 24 de enero de 2013
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Un buen gobierno que inicia su gestión con amplios beneficios educativos para la población gana más votos que los obtenidos durante su elección. Un gobierno que se propone manipular con la bandera de una reforma educativa que no lo es, pero que se maneja desde otros intereses políticos y laborales, irá perdiendo en muy poco tiempo la legitimidad de su mandato. A un mes de la llegada del gobierno del PRI de Enrique Peña Nieto, la afirmación de que está propiciándose un cambio real con el concurso de toda la clase política tiene más de fachada que de contenido programático sustentable, puesto que entre bastidores y por encima del público y de muchos actores políticos se están imponiendo medidas nada populares y mucho menos que hayan sido sometidas a la participación ciudadana, como era de esperarse con temas tan delicados y tan demandados como la necesidad de una reforma en la educación por encima del sindicato magisterial hegemónico, efectivamente, bajo la rectoría inteligente del Estado. Por el contrario, las medidas cupulares están sacando a la calle a miles de trabajadores y maestros, para organizar el primer conflicto de mayorías afectadas por una decisión gubernamental equivocada. El boquete que se ha abierto con el conflicto laboral-magisterial, que ya suma más de un millón de amparos en contra de las reformas a la ley laboral y movilizaciones en gran cantidad de estados de la República en oposición a la reforma al artículo Tercero constitucional, da para pensar en qué es lo que se pretende con la apertura de tantos frentes, porque a los mencionados hay que agregar los que se están abriendo en materia de telecomunicaciones, reforma fiscal y empresarial, manejo de las variables macroeconómicas (sobre todo desde la torpeza con la que se han presentado recientemente por parte de la OCDE y el Banco Mundial), lucha contra el narcotráfico y la delincuencia común, derechos humanos y reclamos de las víctimas de la violencia, la falta de respuesta (no la formal, por supuesto) hacia la nueva irrupción pública del movimiento armado indígena, el tema alimentario, el del agua, el de las relaciones internacionales y, por si fuera poco, la escasa importancia que tienen las políticas públicas orientadas al bienestar social. Ante ello, uno se pregunta, de nuevo: ¿el abrir tantos frentes en tan poco tiempo, con tan poco asidero político (ese denominado “Pacto por México” en realidad da más para hacer bromas que para tomar acuerdos fundamentales), hace referencia a una estrategia de división y fragmentación, o se trata de una total torpeza que hace gala de una confianza desmedida? Por ejemplo, con apenas unas cuantas semanas, lo que se ha manejado como la reforma educativa que abatirá las terribles condiciones de trabajo de miles de docentes, el bajísimo desempeño de escuelas y la pobreza en los aprendizajes de millones de niños y jóvenes, incluye un examen estándar aplicado sin importar el lugar ni la condición escolar y social de este país tan diverso, el que nadie sabe quién lo está elaborando, cómo se va a aplicar y para qué, cuáles serán sus principales contenidos o competencias a ser evaluadas, o los impactos que tendrán sus resultados en los profesores en ejercicio. Tampoco se conoce nada sobre el proyecto educativo y pedagógico que se pretende implantar con la reforma constitucional, para superar la mala salud de los estudiantes, o los deficientes niveles de comprensión de lectura, de escasa motivación para la ciencia o las matemáticas y la baja creatividad intelectual. Y como esto no se ha presentado de manera explícita ni articulada, lo que sí está ocurriendo es una propuesta mediática de modificación del artículo Tercero constitucional, orientada a acorralar a los líderes de los sindicatos de maestros, doblegar a Elba Esther Gordillo, y hacer aparecer que se está poniendo el dedo en la llaga, sólo para ocultar de manera descarada el actual desastre educativo nacional. La educación tiene un sentido legítimo en cualquier política educativa, cuando va al fondo de su quehacer y de sus fines, porque altera lo que se piensa de los maestros cuando, por ejemplo, se propone ubicarlos en el más alto nivel del mercado profesional y se los valora como los personajes insustituibles de esos aprendizajes que nunca se olvidan; cuando va al fondo de una política social de amplio beneficio en la que muchos participan, porque se trata de un bien común y de una responsabilidad social. Esto no ocurre cuando se desatan conflictos como los que se viven en los inicios del sexenio, y no habrá quien pueda sostener que sus promotores son apenas unos cuantos aprendices de mago. Algo hay en esa chistera negra, ¿o no?

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