MÉXICO, D.F. (apro).- Enrique Peña Nieto y su grupo político llevan diez meses en la Presidencia de la República, ejerciendo el poder, y aún no han podido eliminar por completo la huella que dejó el Monexgate; las dudas sobre los montos, origen y destino de millonarios recursos utilizados en su campaña electoral se siguen discutiendo en la primera instancia de investigación, el Instituto Federal Electoral. Cuando el PAN hizo la denuncia aquel 26 de junio de 2012 habló del uso de 700 millones de pesos para la compra y coacción del voto a través de monederos electrónicos de la institución financiera Monex; dos días después el IFE reveló que sí existían las tarjetas Monex pero el monto alcanzaba, con mucho, la cifra de 70 millones de pesos. A partir de ahí empezó la llegada a cuentagotas del sustento documental de cientos de tarjetas Monex emitidas por dos empresas mercantiles: Inizzio y Efra, la primera propiedad de un hombre que gusta de solicitar créditos con nombre ficticio y el propio; de un personaje que es conocido entre quienes buscan evadir el fisco y hacer maniobras financieras para dispersar recursos y evitar multas millonarias. La segunda propiedad de Emilio Fraga, un viejo priista quien junto con sus hijos creó la empresa Efra y el despacho GAP, que le prestó sus servicios a Enrique Peña Nieto durante su paso por la gubernatura del Estado de México. El caso Monexgate empezó a revelar, gracias a los medios de comunicación y la información que ciudadanos recabaron, la participación no sólo de una veintena de empresas fachadas para dispersar el recursos sino sobre todo y más importante aún la complicidad del sistema bancario y sus filiales como Soriana. Desde el 23 de enero de 2013 se analizó en el consejo general del IFE el caso Monexgate; el PRI pretendió dar por concluido el tema y así borrar todo vestigio de duda sobre su candidato ya entronizado presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, consejeros electorales como Alfredo Figueroa, Benito Nacif y el propio Lorenzo Córdova detectaban en cada sesión puntos no coincidentes con el encargado de exonerar al PRI de toda violación a la ley, Alfredo Cristalinas Kaulitz; expusieron sus argumentos e incluso en más de una ocasión presentaron evidencias que hacían inevitable solicitar una nueva indagatoria, una nueva línea de investigación relacionada con el Monexgate. Incluso, Luis Vega, otro de los hombres de confianza de Peña Nieto y que fue ubicado como secretario de finanzas y administración del PRI al inicio de la campaña presidencial, llegó a decir que después de enero dejaría el cargo para irse al gabinete. La apuesta era que ese 23 de enero el IFE concluyera el caso Monexgate, y como Vega había sido uno de los operadores del dinero tenía que concluir la limpieza del mismo. Pero contra todo pronóstico los dictámenes de Alfredo Cristalinas eran devueltos una y otra vez. Los consejeros encontraban inconsistencias y falta de exhaustividad en las investigaciones, por lo cual el caso se alargaba cada mes. De la mano del ejercicio del poder de Peña Nieto está la indagatoria sobre el financiamiento de su campaña electoral, que lo llevó al cargo de Presidente de la República. El último round en el IFE ocurriría el pasado 26 de septiembre. Sin embargo, el consejero Alfredo Figueroa encontró dos tarjetas de Bancomer, lo que de nuevo llevó a ordenar a la unidad de fiscalización una nueva indagatoria: investigar si las dos tarjetas encontradas y sus números están registrados en la Comisión Nacional Bancaria. Por lo menos sus propietarios dicen que son reales. Con esta resolución se presenta una prueba más de que el sistema bancario se alió con el PRI para llevar a Peña Nieto al poder, que Alfredo Cristalinas, el gran zar antilavado negro en campañas, ha dejado más dudas que certezas en el actuar del PRI. Hoy el problema que parece avanzar de nuevo con esta novedosa línea de investigación es que podría verse truncada con la elección de los nuevos consejeros y la reforma electoral que se avecina y en donde se exige un nuevo modelo de órgano electoral federal, así como de fiscalización. De nueva cuenta, la transparencia del financiamiento ilícito del PRI lo tienen las cúpulas de los partidos, quienes desde el ya famoso Pacto por México acuerdan e intercambian como fichas para luego llevar sus componendas al Poder Legislativo, justo donde se votará la nueva ley electoral. La reforma energética y la hacendaria tendrán un peso tal que serán moneda de cambio para la oposición a cambio de mantener impune un financiamiento ilegal, millonario, que estuvo a la vista de todos los mexicanos, para que así, Peña Nieto acabe finalmente con la sombra del Monexgate y algunos consejeros dejen de molestarlo… De lo contrario se estaría pasando del Monexgate al Bancomergate de Peña Nieto. Twitter: @jesusaproceso